Un juez federal ordenó a autoridades de Sonora informar sobre el paradero de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal detenido por presuntamente estar involucrado en el operativo Rápido y Furioso, a través del cual autoridades de estadounidenses y mexicanas permitieron la entrada ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio nacional.
La orden del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México es para que Facundo Rosas pueda reiterar una demanda de amparo promovida a su favor contra la “incomunicación y desaparición” de su persona por autoridades del país.
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El 27 de enero Facundo Rosas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSP-CDMX) tras atropellar a una mujer en la alcaldía de Álvaro Obregón, persona que perdió la vida tras el accidente.
Ese mismo día, luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público, agentes de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo por el operativo Rápido y Furioso, en el que participó como mano derecha del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En paralelo, una tercera persona tramitó el amparo 78/2022 contra la “incomunicación, desaparición y detención” del exfuncionario, por lo que el juzgado determinó otorgarle una “suspensión de plano” para evitar que las autoridades lo incomunicaron o desaparecieran.
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Sin embargo, debido a que Rosas fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Sonora y que el 31 de enero se le dictó auto de formal prisión por el delito antes mencionado, ahora el juzgado de la Ciudad de México ordenó a autoridades del Sonora informar sobre su paradero específico a fin de que ratifique la demanda de amparo.
Por lo anterior, y para resolver si le concede o no la protección definitiva de la justicia al exfuncionario, el juzgado estableció el 3 de febrero como fecha para celebrar la audiencia constitucional del asunto.
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