En un giro inesperado para la diplomacia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado señales de distanciamiento con su tradicional aliado en Medio Oriente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Al mismo tiempo, ha impulsado una propuesta fiscal que podría afectar directamente a millones de familias mexicanas: un impuesto del 3.5 por ciento sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos a México.
La exclusión de Israel de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán marcó el inicio de una creciente tensión entre ambas naciones. Netanyahu, quien durante años presumió una relación cercana con Trump, ha manifestado su inconformidad tras ser marginado de los diálogos que buscan un nuevo acuerdo nuclear con Irán, los cuales avanzan desde abril pasado en Omán. Washington incluso ha mostrado apertura para mantener conversaciones con el régimen sirio y el grupo Hamás, medidas que Jerusalén considera peligrosas y contradictorias con los intereses israelíes.
La preocupación israelí se ha acentuado con el acercamiento de la Casa Blanca a Qatar, país señalado por financiar a Hamás y proteger a sus líderes. Trump aceptó un obsequio del gobierno qatarí: un Boeing 747-8, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares. Asimismo, el magnate logró que Vietnam autorice la construcción de un complejo turístico y de negocios de su organización, considerado el mayor proyecto extranjero en el país comunista, lo cual revela la priorización de intereses económicos y personales por encima de alianzas ideológicas.
Netanyahu, por su parte, ha reiterado que Israel no aceptará presiones externas para declarar un alto al fuego en Gaza, advirtiendo que la seguridad nacional no puede quedar supeditada a intereses ajenos.
En paralelo, la agenda interna de Trump también genera polémica. La intención de gravar las remesas que se envían desde Estados Unidos a México con un impuesto de 3.5 por ciento ha provocado una oleada de críticas tanto en México como en organizaciones migrantes. Actualmente, las empresas de transferencia como Western Union y MoneyGram ya cobran entre 5 y 10 por ciento por sus servicios, lo cual se vería incrementado si la propuesta es aprobada por el Senado estadounidense, eliminando la tasa cero que hasta ahora había protegido estos envíos.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la medida y afirmó que su gobierno no considera un logro la reducción del gravamen de cinco a 3.5 por ciento. “No queremos que haya impuesto”, puntualizó.
Durante 2024, México recibió 62 mil 500 millones de dólares en remesas, recursos fundamentales para millones de familias. De acuerdo con BBVA Research, cerca de cuatro millones de mexicanos indocumentados serían los más afectados por la nueva carga fiscal, lo cual impactaría directamente en el consumo nacional, particularmente en sectores como la alimentación, vivienda y educación.
Tiendas y cadenas de autoservicio que actúan como receptoras de remesas, entre ellas Walmart, Soriana, Chedraui, La Comer, Oxxo, Western Union y Grupo Elektra con Banco Azteca, también anticipan una afectación considerable. Según Leonardo Zenteno, director de servicios financieros de Waldo’s, al menos el 20 por ciento del dinero recibido por remesas en sus puntos de venta se destina a la compra de despensa.
Estudios de BBVA advierten que estados como Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz serían los más afectados, con caídas estimadas de entre 3.4 y 4.4 por ciento en la recepción de remesas. Kantar World Panel, por su parte, reveló que 8 por ciento de los hogares mexicanos recibe remesas mensualmente, destinándolas principalmente a consumo, pago de servicios, educación, deudas, ropa y calzado.
Analistas financieros han llamado al gobierno mexicano a fortalecer la inclusión financiera y ofrecer alternativas más accesibles para quienes dependen de estos ingresos, en medio de un panorama cada vez más incierto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
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