El pasado 1 de julio de 2025, la Cámara de Senadores aprobó el decreto que da vida a la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), con el apoyo de 75 votos de los partidos Morena, PVEM y PT, y 34 votos en contra de los grupos parlamentarios PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC). Este decreto se remite ya al Ejecutivo Federal para su pronta promulgación.
La presidenta de la Comisión de Guardia Nacional, Juanita Guerra, defendió la medida al resaltar que, tras seis años de operaciones, la GN presenta un nivel de aceptación del 75% entre la población. Esta nueva legislación no solo establece la creación de un cuerpo de seguridad pública de carácter permanente, sino que integra plenamente a la GN en la estructura militar del país, bajo la égida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Su misión principal será ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el país.
En contraste, desde la bancada del PAN, Enrique Vargas aseveró que la propuesta contradice las promesas iniciales de los representantes de Morena, con críticas a la militarización de la seguridad pública. Señaló que el Ejército no debería asumir funciones de policía en el ámbito del fuero común, destacando la ineficacia de esta opción para resolver la crisis de inseguridad que enfrenta México.
Néstor Camarillo, del PRI, enfatizó que la reforma refuerza el poder militar de la GN sin los controles adecuados, advirtiendo que esto podría dar pie a abusos de poder. En sus preocupaciones, mencionó la capacidad de la GN para intervenir comunicaciones privadas, realizar geolocalización y acceder a redes sociales, lo que plantea riesgos para la privacidad y la vigilancia no justificada.
Por su parte, Clemente Castañeda, líder de la bancada de MC, reiteró que la militarización no es la solución a la espiral de violencia e inseguridad que enmarca la situación actual del país.
La nueva ley no solo reformula la estructura de la GN, sino que también establece nuevas atribuciones destinadas a la prevención del delito mediante la investigación e inteligencia, coordinándose con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
En una sesión extraordinaria, otros cambios legislativos fueron aprobados, como un paquete de reformas destinado a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Este incluye la introducción de una Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que busca ser la fuente única de identidad de los ciudadanos, centralizando información personal y características físicas, con el fin de auxiliar en la identificación de desaparecidos.
La CURP biométrica se diseñará para asociar toda la información personal a registros de autoridades y particulares, permitiendo un cruce de datos que se espera sea útil en investigaciones relacionadas con la desaparición de personas. Además, se establece una Base Nacional de Carpetas de Investigación para actualizar en tiempo real la información sobre personas no localizadas.
En este contexto, se anticipan sanciones más severas para quienes obstaculicen la entrega de datos necesarios, así como medidas para la protección digna de cadáveres y restos humanos. Sin embargo, algunos legisladores han expresado su preocupación por la falta de un marco regulatorio sólido que salvaguarde la privacidad de la población ante la recolección masiva de datos biométricos.
El debate sobre la implementación de estas reformas revela las fronteras del diálogo político sobre seguridad y derechos ciudadanos, en una época marcada por desafíos significativos en México.
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