El 6 de junio de 2026, el secretario de Educación, Mario Delgado, reafirmó el compromiso del gobierno mexicano en la búsqueda de acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), enfatizando la necesidad de reformas en beneficio de la educación en el país. Este diálogo se enmarca en un contexto de reivindicación de derechos laborales para los maestros y, en particular, en la abolición del sistema de evaluación USICAMM, en línea con los compromisos de campaña de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Delgado resaltó la importancia de establecer una ruta de trabajo clara, con plazos específicos, para presentar una propuesta legislativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso. Esta iniciativa buscaría no solo la garantía de derechos laborales, sino también la transparencia en la gestión educativa, eliminando prácticas de favoritismo y corrupción que han marcado el pasado neoliberal. La propuesta que se busca instituir pretendería redefinir la relación entre el Estado y los maestros, alineando las decisiones educativas a las voces de quienes están en el aula.
Por otro lado, el tema de la reforma a la ley del ISSSTE de 2007 también fue abordado. Martí Batres, director general del ISSSTE, comentó que la derogación total de dicha ley, considerada injusta por muchos, resultaría complicada. Se estima que esta medida requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, debido a un déficit generado por la eliminación del sistema solidario desde 2007. Sin embargo, el Gobierno de México ha presentado una solución alternativa: la creación de una aseguradora pública que trabajará en conjunto con el PENSIONISSSTE para ofrecer una opción completamente pública a los trabajadores del Estado. Esta new iniciativa garantizaría que los aportes de los trabajadores jamás se destinen a instituciones privadas, sino que se mantengan dentro del sistema público.
Se ha estimado que la implementación de estas nuevas propuestas podría resultar en un ahorro significativo, con alrededor de 175,000 millones de pesos que antes se destinarían a comisiones excesivas hasta 2030 ahora disponibles para aumentar los saldos en las cuentas de los trabajadores. Esta acción representa un avance considerable en el propósito de limitar los costos para los cotizantes y mejorar la calidad de las pensiones.
Además, se ha fomentado un enfoque solidario con la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que busca complementar la pensión obtenida de las cuentas individualizadas, garantizando que los docentes no experimenten una disminución de sus ingresos al llegar a la jubilación. Esta característica singular del sistema de pensiones mexicano podría beneficiar a futuras generaciones de trabajadores.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también participó en las discusiones, indicando que se han establecido rutas claras para resolver cuestiones de ingreso y promoción docente. En este sentido, hizo un llamado a los maestros para finalizar las protestas y evitar que estas afecten el cierre del ciclo escolar, así como a la comunidad en general, destacando la urgencia de proteger el derecho a la educación de los estudiantes y el bienestar de los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Este movimiento hacia la reforma educativa y del sistema de pensiones no solo busca cambiar la legislación, sino también transformar de manera significativa la relación entre el Estado y las y los maestros, en un esfuerzo por construir un futuro mejor para la educación en México.
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