El Gobierno de México ha anunciado una significativa reducción en las pensiones de los beneficiarios del IMSS e ISSSTE, al proyectar un gasto total de 2.3 billones de pesos para el próximo año. Esta situación impactará a millones de personas y marca la primera reducción presupuestal de este tipo desde 2018. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se espera que las pensiones contribuyentes experimenten un recorte del 2.5% para el IMSS y del 2.3% para el ISSSTE, lo que representa un cambio notable en el panorama financiero para jubilados y pensionados.
La disminución del monto de las pensiones está relacionada con varios factores, incluyendo el aumento del número de pensionados, el envejecimiento de la población y la presión sobre las finanzas del gobierno. A pesar de que se prevé un incremento del 6.6% en el gasto real de las pensiones contributivas hasta julio de 2025, este recorte significará una disminución en la adquisición de los jubilados.
Los expertos advierten que, a medida que la población jubilada sigue creciendo, se generarán desigualdades entre los pensionados del IMSS e ISSSTE y aquellos que reciben pensiones a través de programas gestionados por la Secretaría del Bienestar. En contraste, estas pensiones no contributivas recibirán un aumento del 13.5% en 2026, lo que representará 619 mil 703 millones de pesos destinados a su distribución.
Entre los cambios más destacados, la pensión para mujeres de 60 a 64 años verá un incremento del 266%, ampliando su cobertura a 3 millones de beneficiarias, mientras que las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad también recibirán aumentos, del 5.2% y 20.8%, respectivamente. Este contexto sugiere un escenario complejo donde se entrelazan recortes y aumentos, generando desafíos significativos para la población afectada.
Se prevé que estas medidas, surgidas en un contexto de ajustes presupuestarios, acentúen aún más la disparidad entre los grupos de pensionados, haciendo necesario un análisis más profundo del impacto social y económico que conllevarán estas decisiones en el futuro próximo. La situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en un país donde la seguridad financiera de millones de ciudadanos está en juego.
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