El papel del Ejército en el caso Ayotzinapa, antes, durante y después del ataque contra los estudiantes normalistas, es motivo de escrutinio en México, más después de los acontecimientos ocurridos en el último mes y medio. Un general está en prisión acusado de delincuencia organizada, además de otros tres oficiales y elementos de tropa, todos vinculados de alguno u otra manera al caso. El hackeo de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) ofrece un ángulo novedoso sobre las actuaciones de la dependencia al respecto.
Entre los documentos que refieren al caso figuran una carta del jefe del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, en defensa de uno de los cuatro militares presos, el capitán José Martínez Crespo, además de exhaustivos documentos de monitoreo de declaraciones de personas vinculadas a la investigación del ataque, caso del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Aparecen también respuestas a preguntas que el grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para el caso mandó a la secretaría o un curioso documento que el subjefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa mandó a Tomás Zerón, en 2014, sobre alcaldes vinculados con la delincuencia en Guerrero.
Estos y otros registros muestran el interés del Ejército y sus mandos, tanto en la actual administración como en la anterior, por entender el efecto que el caso Ayotzinapa ha tenido en la imagen de la institución. En algunas ocasiones, la propia Secretaría ha pedido incluso a los “asesores del Alto Mando”, tres civiles con fuerte presencia en los medios, opiniones sobre aspectos de la investigación, aniversarios del caso o pronunciamientos sobre el resultado de investigaciones independientes.
Presidencia (Cuartoscuro)
Uno de los documentos que más ha llamado la atención estos días ha sido una carta que el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, envió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en defensa del capitán Crespo. Detenido en noviembre de 2020, la Fiscalía General de la República le acusó entonces de delincuencia organizada, imputación ampliada ahora al delito de desaparición forzada. Enviada en enero de 2021, la carta narra las conclusiones de la visita que hizo un general a Crespo en esas fechas, visita realizada, dice Sandoval, “cumpliendo sus instrucciones”. Sandoval se refiere a López Obrador.
En la misiva, Sandoval explica que Crespo “presenta un estado anímico depresivo, refiriendo que percibe poco avance en el proceso judicial que se le sigue”. Añade que su subordinado “se autodefine como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación, al efectuar recorridos en el interior y a inmediaciones de la ciudad de Iguala, en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014″.
Sandoval recoge parte de las declaraciones de Crespo estos años, su presencia en algunos de los escenarios del ataque contra los normalistas, caso de la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico, de donde se llevaron a parte de los 43, o la clínica Cristina, donde se refugió un grupo de muchachos tras el primer ataque en Juan N. Álvarez. El general obvia, sin embargo, algunos aspectos de la actuación de Crespo y las sanciones que le impuso la propia Secretaría por ello, dibujando así un perfil más amable del militar preso.
Sandoval no dice que Crespo estuvo en la noche de los hechos en la comandancia de Barandilla, instalación de la policía de Iguala donde se recluía a los detenidos. A estas alturas, los investigadores ya saben que parte de los 43 desaparecidos pasaron por allí, antes de que se les perdiera la pista. Durante años, Crespo omitió su paso por Barandilla, visita que justificó posteriormente con motivos mundanos. Mientras decenas de policías y criminales atacaban a balazos a estudiantes y desaparecían a varias decenas, el militar asegura que fue al centro de detención de la policía municipal a buscar una moto perdida. Crespo siempre ha dicho que no vio estudiantes allí.
Por la omisión del capitán, que ni siquiera informó de esta visita en los partes oficiales que rinde a la dependencia, la propia secretaria de la Defensa inició un procedimiento sancionador, como desveló el grupo de expertos de la CIDH en su último informe, presentado en marzo, y publicado en su totalidad la semana pasada.
Encinas, “impacto negativo”
Entre el resto de documentos sobre el caso Ayotzinapa destacan varios, catalogables bajo el rubro monitoreo y análisis de prensa. El más interesante es una base de datos con cientos de entradas que recoge opiniones negativas en medios de comunicación de personajes públicos sobre el Ejército en el marco del caso Ayotzinapa. El ganador, con 553 impactos negativos, es Alejandro Encinas, actual responsable de la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa.
Elaborada por la empresa Eficiencia Informativa, la misma compañía envió la base de datos a una dirección de correo de Sedena, [email protected], en junio de 2019. Entonces, la comisión del caso Ayotzinapa apenas contaba seis meses de vida. La base recoge opiniones negativas del Ejército desde mayo de 2018 a junio del año siguiente. En el cuerpo del correo, una trabajadora de la empresa escribe: “En el caso de Alejandro Encinas, se consideraron negativas todas aquellas donde el funcionario dice que se investigará ‘incluso a los militares’ entre otras declaraciones”.
Bajo el rubro análisis de prensa, diferentes oficinas al interior de Sedena han recibido análisis y comentarios del caso Ayotzinapa, de periodistas y abogados cuya presencia es habitual en los medios. Es el caso, por ejemplo, del abogado Juan Velásquez, “asesor del Alto Mando”, según documentos filtrados. En los papeles de Sedena, el intercambio de Velásquez con la secretaría es constante, en la anterior administración y en la actual.
En un documento enviado a la “Unidad de Asesores del Alto Mando” en septiembre de 2015, un año después del ataque contra los normalistas, Velásquez se refiere a los reclamos de la sociedad civil, entonces pedía la asistencia de una “Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México”. El abogado escribe: “Al respecto cabe recordar el “derrocamiento” del gobierno de Guatemala, por la opinión de corrupción de una comisión internacional. ¿Para allá vamos? ¿Se nos quiere llevar a que los de afuera aprueben o reprueben las acciones gubernamentales? ¿Y si en una de esas, ellos deciden que el Estado o el Ejército Mexicano fueron los que desaparecieron a los 43 normalistas (amen de los miles de desaparecidos) y que por eso deben entrar a los cuarteles?”.
De forma parecida se expresan los comunicadores Juan Ibarrola y Javier Oliva, también asesores del Alto Mando. El primero escribe, después de la presentación de uno de los informes del grupo de expertos, señala en un análisis, por ejemplo: “Sin lugar a dudas será ‘omisión’ por lo que se tratará de inculpar al Ejército en este caso”. El segundo, con motivo del primer aniversario del ataque, señala: “Es un indicador de lo indispuesto que se encuentra un pequeño pero bien organizado grupo, que articulado en torno a los familiares de los 43 normalistas, ha logrado avanzar en alianzas y posicionamientos”.
Respuestas al grupo de expertos
Otro de los documentos interesantes es el texto de respuesta del Ejército a las preguntas que envió en enero del año pasado el grupo de expertos de la CIDH. Entonces, el equipo de investigadores denunciaba la falta de colaboración de la dependencia, nudo que el propio López Obrador ha tratado de deshacer varias veces estos años. Desde entonces, el caso ha dado varias vueltas, la más importante respecto al Ejército, la detención del general José Rodríguez, por delincuencia organizada.
En su cuestionario, el GIEI pregunta por comunicaciones militares de la época del ataque, partes de los agentes de inteligencia que trabajaron sobre el terreno e información sobre partes de la estructura de cuarteles y batallones, caso del G.A.O.I., Grupos de Análisis de Orden Interno, que “tienen la función de concentrar la información que reciben de los Batallones, analizarla y remitirla al escalón superior”, según la respuesta de Sedena.
Una de las partes destacadas es la batería de preguntas sobre las investigaciones de la Fiscalía militar por el caso Ayotzinapa y temas aledaños. En una en concreto, el grupo pregunta, “¿Existe alguna o algunas estructuras criminales que se haya determinado a través del análisis del Ejército sobre los grupos criminales de lguala, Mezcala, Tepecuacuilco, Huitzuco para el año 2014?” En la respuesta se menciona brevemente a dos grupos, pero obvia mencionar a otros, de los que incluso tenía ficha.
Es el caso del “grupo armado Atzcala”, un grupo criminal que opera entre Mezcala y Atzcala, municipio, este último, en el que la Fiscalía y la comisión del caso han realizado búsquedas en los últimos meses. En junio de 2014, un representante de la minera Media Luna le envió al teniente Joel Gálvez, jefe del pelotón de información e inteligencia del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en la época, un esquema de la estructura del grupo criminal.
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