En coincidencia con la crisis de los refugiados procedentes de la guerra en Ucrania, el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, se ha conocido que los responsables de la Cooperación Española están consignando como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) una partida muy elevada de gastos considerados como atención a refugiados en Columna Digital donante. Entre los mismos, algunos de ellos son controvertidos e incluso no están contemplados en la normativa internacional que regula la contabilidad de estos fondos en materia de AOD.
Desde que en 1988 los países donantes, a través del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, acordara incorporar como AOD los costes de subsistencia de los refugiados durante el primer año en los países de acogida, se ha mantenido este criterio con pocos cambios. Fue en 1992 cuando acordaron incluir tales gastos dentro del sistema de contabilización en bienes y servicios de la AOD utilizado por la OCDE. Con la denominación CRS (Creditor Reporting System), identificaron de manera precisa estos fondos en el epígrafe de Atención a refugiados en los países donantes, con el código CRS 93010.
La paradoja de España
El caso de España resulta un tanto particular, en la medida en que aúna un perfil bajo como donante de AOD junto a un nivel histórico reducido de reconocimientos de asilo y protección internacional sobre el total de demandantes en el conjunto de Europa. Sin embargo, estas partidas de gastos de ayuda al desarrollo para atención a refugiados en nuestro territorio han alcanzado uno de los niveles más elevados en el conjunto de partidas de la cooperación española en los años más recientes. Precisamente cuando el resto de los países occidentales ha disminuido de manera acusada este epígrafe. Hasta el punto de que España viene declarando en los últimos años una cantidad cercana a los 285 millones de euros en este concepto, representando uno de los capítulos más importantes en la AOD bilateral (la que se aporta directamente a los países socios a través de instancias gubernamentales, locales o de la sociedad civil).
Sin embargo, desde la Cooperación Española nunca se ha ofrecido una información detallada sobre estos gastos, ni de los criterios aplicados y desembolsos efectuados. De hecho, el único estudio pormenorizado sobre la materia se ha publicado en el capítulo El empleo de la AOD para la ayuda a refugiados, del libro Debates y controversias en la cooperación al desarrollo, firmado por este investigador y publicado por la Universidad de Alicante.
La negativa a ofrecer información por el Gobierno español
Como continuación a mis investigaciones en esta materia, pude acceder por vez primera a un detallado informe oficial del CAD de la OCDE. En él se explicaba la naturaleza de los gastos consignados por España en atención a refugiados, así como el desglose y cuantía de todos ellos, referidos al 2019. En la medida en que algunos de los desembolsos recogidos no se atenían a los criterios establecidos, decidí solicitar oficialmente información detallada sobre estas partidas en virtud de la Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno, que reconoce el derecho a obtener la información pública solicitada y la obligación de facilitarla. Así, el 13 de octubre de 2021 tramité una petición formal ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUEC).
En mi escrito solicité los datos desagregados de AOD española entre 1999 y 2020. El MAUEC, que centraliza todo el gasto de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España de todos los demás, así como de los organismos ejecutores, también elabora los informes oficiales que se facilitan al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, del que formamos parte. El 23 de noviembre de 2021 recibí su contestación, firmada por la directora general, Eva del Hoyo, en el que junto a otras disquisiciones que nada tienen que ver con lo que preguntaba, me remitió a la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Seguridad Social.
La respuesta es del todo improcedente porque el registro de los gastos los centraliza ese el MAUEC, a través de sus PACI (Plan Anual de Cooperación Internacional). Este ministerio es, además, el que elabora los documentos oficiales sobre la AOD en España. Sin embargo, para agotar procedimientos, el 2 de diciembre de 2021 solicité nuevamente los datos a la Secretaría de Estado de Migraciones, tal como se me había emplazado, utilizando también la Ley de Transparencia.
La contestación por parte de la directora general de programas de protección internacional y atención humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones, Miriam Benterrak, no pudo ser más clara y contundente. Me señalaba que, legalmente, según el R.D. 644/2020 de 7 de julio, es al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación al que le corresponde el cómputo, seguimiento y contabilización tal de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España, así como su comunicación. Era el MAUEC el que debía facilitarme la información.
Lo llamativo es que los datos que no ha querido proporcionar el MAUEC a este investigador y profesor universitario, desobedeciendo así lo establecido en la Ley de Transparencia, está en poder del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Tanto es así que dispongo desde hace meses del informe oficial de la OCDE –Spain. In-Donor refugee cost in ODA 2019 (España. Costes de refugiados como donante en Ayuda Oficial al Desarrollo, 2019)– cuyos detalles pretendía confirmar con las autoridades del Gobierno de España.
Los gastos en concepto de Ayuda al Desarrollo destinados a la atención a refugiados en España en 2019 se elevó a 267,82 millones de euros; es la segunda partida más grande de cooperación bilateral
Pero ¿qué información recoge este documento oficial que los responsables de la Cooperación Española no quieren difundir? Pues algunos datos francamente llamativos. Por un lado, el total de gastos en concepto de Ayuda al Desarrollo destinados a la atención a refugiados en España en 2019 se elevó a 299,83 millones de dólares (267,82 millones de euros); es la segunda partida más importante de la cooperación bilateral española de ese año, solo por detrás de la descentralizada que se lleva a cabo desde comunidades autónomas y ayuntamientos.
En cuanto a los gastos imputados por España, sorprenden algunos de ellos que, según la normativa internacional, no podrían incluirse. Entre ellos, encontramos 586,91 mil dólares en salvamento marítimo (560 mil millones de euros, al cambio actual); 167,92 mil dólares (160 mil, en euros) en comedores para refugiados en Grecia; 286,14 millones de dólares (272, de euros) asignados a gastos de asilo, refugio y asistencia sanitaria de los CETI (Centros de Estancia e Internamiento Temporal) en Ceuta y Melilla, junto a otros 7,73 millones más (7,36 millones de euros) asignados a CAR (Centros de Acogida a Refugiados) y los CETI. Todo ello junto a programas de apadrinamiento y mediación realizados por ONG, así como una donación para un vehículo y apoyo a una organización que trabaja en un campo de refugiados en Grecia, entre otros.
La lista parece obedecer más a la suma de agregados de naturaleza muy diversa y contradictoria, que a iniciativas coherentes y coordinadas. Ahora bien, algunos de estos desembolsos no están recogidos en la normativa oficial del CAD, incumpliendo el principio básico de que sean pagos destinados a la atención de refugiados en territorio español durante su primer año de estancia.
En cualquier caso, resulta inadmisible que, en pleno proceso de reforma de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo actualmente en el Parlamento, no se recoja nada sustantivo sobre este importante capítulo de la Cooperación Española. Tampoco lo es que no se facilite información cuando es solicitada oficialmente, en virtud de la Ley de Transparencia, por investigadores y profesores de universidad que acreditan décadas de trabajo en la materia. Todo ello resulta, si cabe, muy relevante en tanto que ahora atravesamos un momento trascendental en política de refugiados, debido a la guerra en Ucrania y la presión que vive España de personas procedentes de otros países.
Al mismo tiempo, toda esta peripecia deja al descubierto considerables debilidades e incumplimientos en materia de transparencia y acceso a datos públicos sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo que lleva a cabo España, como se ha destacado desde hace años y han señalado diferentes informes internacionales. Algo que tampoco es corregido en el proyecto de nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobado por el Gobierno y actualmente en trámite parlamentario.
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