El comisionista Luis Medina, imputado por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid, asegura ahora que pone a disposición del juzgado la parte que le corresponde de la herencia de su abuela, la fallecida María Eugenia Fernández de Córdoba, decimoctava duquesa de Medinaceli. Con este movimiento, el hermano del actual duque de Feria, habitual de la prensa del corazón, trata de evitar el delito de alzamiento de bienes, que el magistrado Adolfo Carretero le atribuyó la pasada semana tras considerar que había intentado ocultar dinero al saber que estaba siendo investigado, para evitar hacer frente así a sus posibles responsabilidades.
A través de un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso Columna Digital, la defensa de Medina niega que cometiese un delito de alzamiento de bienes. Entre otros argumentos, expone que el juez no decretó el embargo de sus bienes hasta abril de 2022 y, por tanto, ”antes de esta fecha no existía embargo, deuda o derecho de crédito exigible por el que tuviera que responder”. Además, añade su abogado, “la situación de insolvencia no existe, ya que [su cliente] obtuvo sentencia a su favor en el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla como heredero de la fallecida Fernández de Córdoba, donde la cantidad a percibir excede con creces el importe embargado —por lo que sus derechos hereditarios cubrirían la meritada fianza—, y que se pone a disposición del juzgado para realizar el embargo”. Carretero ya se había planteado la posibilidad de decretar esta medida a la fuerza.
Según añade la defensa, al usar parte de su patrimonio, Medina no pretendía “hacer desaparecer u ocultar sus bienes para frustrar el pago de acreedores, ya que no los tiene”. “Don Luis, a día de hoy, no ha contraído obligación dineraria alguna con ninguna de las partes personadas en el presente proceso. No es deudor de ningún derecho de crédito frente a ellas, ni público ni privado, y no ha sido condenado a abonarles responsabilidad civil alguna”, apostilla su abogado, que ha recurrido la imputación de Medina del delito de alzamiento de bienes, al considerar que el juez no argumenta su decisión. Además, paralelamente, ha pedido al magistrado Carretero que se investiguen las filtraciones a la prensa por delitos de revelación de secretos.
Retirada de pasaporte
Medina se encuentra imputado por estafa, blanqueo, falsedad documental y alzamiento de bienes. El juez le retiró este lunes el pasaporte al apreciar riesgo de fuga, ya que se enfrenta a delitos que podrían suponer más de 20 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que el empresario actuó junto a su socio Alberto Luceño para defraudar al Ayuntamiento. Según la querella del ministerio público, le ofrecieron “la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”. Pero, a cambio, se embolsaron seis millones de euros, gracias a que “inflaron artificialmente” los precios de los productos con comisiones disparadas: del 60% para las mascarillas; del 71% para los test; y del 81% para los guantes, según las pesquisas.
Con los beneficios que obtuvieron, compraron bienes de lujo, como coches de alta gama; relojes de oro; un yate, al que Medina bautizó como Feria y registró en Gibraltar; y una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), con tres plazas de garaje y valorada en más de un millón de euros. Luceño también pagó 60.000 euros por una estancia de una semana en un hotel de Marbella.
Además de la Fiscalía, se han personado como acusaciones en la causa el propio Ayuntamiento de Madrid y todos los partidos de izquierdas de la oposición: Más Madrid, Podemos y PSOE.
El primo del alcalde, en la diana
Podemos, personado como acusación popular, ha solicitado este martes que se impute al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, Carlos Martínez-Almeida, por mediar para que los comisionistas contactaran con el Ayuntamiento. Según explicó este lunes el propio Medina, consiguió hablar con el familiar del regidor, a través de una antigua profesora de la universidad, y Carlos Martínez-Almeida le facilitó el camino hasta Elena Collado, alto cargo del Consistorio madrileño y encargada del área de Compras en aquel momento.
“Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email, que creo que era de Elena Collado”, aseguró el investigado al juez Adolfo Carretero, que ya concluyó que el imputado usó a su favor su “influencia” y “aprovechó su condición de personaje público”.
En este sentido, Podemos subraya la importancia de que Carlos Martínez-Almeida fuese familiar del alcalde: “Circunstancia personal que le podría haber facilitado a Medina el acceso directo a la persona cuyas funciones eran, en el momento de los hechos, las de gestión de compras del material sanitario”. Eso le permitió, “a la postre, obtener un desmesurado beneficio económico”, apostilla el partido político, que también ha solicitado que declare como testigo la profesora universitaria, así como los directores de las oficinas bancarias donde los empresarios recibieron sus enormes comisiones.
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