La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en la noche de este lunes que la Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto a las grandes fortunas que anunció a finales de septiembre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El gobierno regional (PP), que bonifica al completo el impuesto de patrimonio, considera que el nuevo tributo estatal está diseñado para perjudicar su política fiscal, y que invade sus competencias en materia de impuestos. Por su parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE y Podemos) acusa al de la Comunidad de Madrid de apostar por el dumping fiscal para atraer a grandes contribuyentes de otras regiones, y apuesta por esta tasa, que estará en vigor en 2023 y 2024, y afectará a grandes patrimonios de más de tres millones de euros, para recaudar en toda España un máximo de 1.500 millones de euros procedentes de 23.000 grandes tributantes.
“¿Va usted a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto?”, le han preguntado a Díaz Ayuso durante una entrevista nocturna en Trece TV.
“Sí, lo vamos a hacer. Arremete contra la autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid. (…)”, ha contestado la presidenta regional. “El Constitucional está para cuando se excede en competencias el gobierno”, ha argumentado. “Es denunciable y reprochable la actitud que se toma contra la economía de Madrid”, ha seguido. “No ocurre en ningún lugar del mundo que el gobierno vaya directamente contra su capital”.
Tras la decisión de Madrid, queda por saber, por ejemplo, qué hará Andalucía, donde el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) acaba de aprobar la bonificación del impuesto del patrimonio.
Además, los técnicos de la consejería de Economía y Hacienda de Madrid estudian todas las alternativas posibles para paliar el impacto que tendrá la tasa estatal sobre los contribuyentes en 2023 y 2023. Como es previsible que el Constitucional no se haya pronunciado para entonces sobre el recurso anunciado por Díaz Ayuso, en el entorno del PP se teoriza con la posibilidad de usar el IRPF para devolverle a los grandes patrimonios lo que tengan que pagar a través del impuesto estatal, una vía que el gobierno regional también podría aplicar si decide recaudar de nuevo el impuesto por sí mismo y compensarlo a través de la declaración de la renta. Preguntado al respecto por este diario, un portavoz gubernamental declinó dar detalles, al considerar prematura cualquier valoración.
El choque en el Constitucional es el último de una larga lista de desencuentros entre el gobierno central y el de Madrid que se dirime en los tribunales. Por ejemplo, la Comunidad ya ganó el pleito por el IVA de diciembre de 2017 (que supuso un ingreso extra de 400 millones para Madrid), aguarda la solución al litigio por las entregas a cuenta de 2019 (hay en juego 54 millones), ha denunciado en el Tribunal Supremo el supuesto reparto “arbitrario” de una mínima parte de los fondos europeos, y también ha llevado ante la justicia el currículo de Bachillerato. A finales de septiembre, los servicios jurídicos autonómicos registraron un recurso ante el Constitucional contra el decreto de medidas de ahorro energético del gobierno central. Y durante la pandemia fueron habituales los pulsos judiciales.
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