La gestión del agua en la capital ha mostrado avances notables en áreas técnicas, incluyendo la atención a fugas, la digitalización de procesos y la creación de sistemas para la captación de agua de lluvia. Estos esfuerzos reflejan un compromiso con la modernización de infraestructuras y la adopción de tecnologías que facilitan una mejor administración de este recurso vital.
Sin embargo, este progreso técnico no se traduce en una atención equitativa para todos los ciudadanos. Judith Domínguez, investigadora de El Colegio de México, señala que existen rezagos significativos en términos de equidad, sostenibilidad financiera y el enfoque en derechos humanos. A pesar de que el derecho al agua está formalmente consagrado en las normas legales, esta garantía no se manifiesta en la asignación presupuestal ni en los programas destinados a las áreas más vulnerables de la ciudad.
La situación pone de manifiesto un desajuste preocupante entre las políticas adoptadas y la realidad de muchas comunidades que aún enfrentan dificultades para acceder al agua potable. Es esencial que la política hídrica no solo se base en aspectos técnicos, sino que también incluya un fuerte compromiso con la equidad y la justicia social.
A medida que avanza la agenda hídrica de la ciudad, la inclusión de todos los sectores de la población en el acceso a este recurso fundamental debe ser una prioridad. Abordar estos rezagos no solo es crucial para mejorar la calidad de vida en la capital, sino también para garantizar el respeto a los derechos humanos en una cuestión tan esencial como el agua. La transformación de la política hídrica debe reflejar un enfoque más integral que contemple a todos los ciudadanos, sin excepción.
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