En los últimos días, la política de Michoacán ha estado marcada por tensiones internas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y conflictos sobre el impuesto predial en Uruapan, que han resurgido en medio de acusaciones de cobranza excesiva.
A medida que se acerca el proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal del PRI, el actual presidente, Guillermo Valencia Reyes, mejor conocido como Memó Cahuamas, se encuentra en una complicada situación. El hecho de que Valencia se haya mudado previamente al Partido Verde Ecologista de México tras no recibir la candidatura deseada del PRI enfoca las miradas sobre su lealtad y cumplimiento de requisitos para una posible reelección. Según la normativa interna del partido, que estipula una militancia de al menos siete años, su reincorporación en febrero de 2021 no sería suficiente para cumplir con los criterios exigidos.
El proceso se ha caldeado aún más con la impugnación presentada por Manuel García Paulín, quien argumenta que los requisitos para la elección son desproporcionados y afectan la equidad dentro del partido. Esta incertidumbre también ha abierto la puerta a viejos liderazgos priistas que buscan presentarse a la contienda, reforzando la idea de que el camino hacia la reelección de Cahuamas está lleno de obstáculos.
Simultáneamente, el tema del cobro excesivo del impuesto predial en Uruapan ha acaparado la atención ciudadana. La alcaldesa Grecia Quiroz está en el ojo del huracán, pero se alegó que su gestión sólo está implementando las tarifas establecidas por la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado. Lo inquietante de la situación es que los mismos diputados que ahora claman por claridad son los que votaron a favor de esos incrementos. Esto plantea serias preguntas sobre la responsabilidad política de los legisladores en la aprobación de estas medidas, que han llevado a aumentos de hasta 500% en algunos casos.
La comunicación reciente de la diputada Giulianna Bugarini subraya que no hay intención de juicio político contra la alcaldesa, sino que se trata de una cuestión administrativa. Sin embargo, este enfoque podría oscurecer la responsabilidad del marco legislativo que generó los cobros. En este sentido, el debate debería centrarse más en el papel del Congreso y sus decisiones.
Finalmente, se anticipa la llegada de Luisa María Alcalde Luján, presidenta del comité ejecutivo nacional de Morena, a Michoacán como respuesta a la polarización interna de su partido. Se espera que la elección de la candidata al gobierno de Michoacán sea crucial y, aunque no se revelan nombres, se sugiere que podría ser una mujer, lo cual podría influir en el equilibrio del poder en el estado.
En resumen, tanto la interna del PRI como los conflictos sobre el cobro del impuesto predial resaltan un periodo turbulento en la política de Michoacán. La responsabilidad recae no solo en los líderes locales, sino también en el marco legislativo que ha permitido que estas situaciones emergen y se desarrollen.
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