Lo que se presenta como un gesto de apertura democrática en el ámbito político local se está convirtiendo en una obra teatral de corta duración. Recientemente, Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local de Morena, anunció su decisión de solicitar una licencia al Congreso, siguiendo la recomendación de Claudia Sheinbaum: que quienes aspiren a coordinar la defensa de la 4T renuncien a sus cargos. Sin embargo, esta licencia tiene un carácter temporal, únicamente de ocho días, lo que se asemeja más a unas breves vacaciones que a un verdadero acto de consistentia política.
La ironía es palpable: Barragán no está realmente abandonando su puesto, sino que lo “presta” temporalmente a su suplente, César Osuna. La retórica oficial menciona responsabilidad y la importancia de evitar ausencias injustificadas, pero lo que se observa es un movimiento táctico que busca mantener a Barragán en el centro del juego interno de Morena en Morelia. Aunque el legislador se jacta de haber presentado 229 iniciativas y de haber conseguido la aprobación de 59 de ellas —un 25.76% de efectividad legislativa—, se percibe que estos números son más una defensa contra la crítica que un compromiso genuino con la productividad.
La pregunta clave surge: ¿es realmente efectiva una licencia de ocho días cuando la recomendación es dejar los cargos por completo? Este gesto, más que un cambio sustancial, se asemeja a un simple cambio de habitación en una mudanza. Barragán se compromete a no descuidar temas esenciales como la reforma electoral, necesaria antes del 15 de mayo, pero su prioridad evidente es coordinar la defensa de la 4T de cara a las elecciones de 2027. La contradicción resuena: se habla de fortalecer el Congreso mientras se prepara el camino hacia el ámbito electoral.
En una rueda de prensa, Barragán advirtió sobre lagunas legales que permiten los actos anticipados de campaña, prometiendo denunciar el uso indebido de recursos públicos y defendiendo programas de becas de supuestas acusaciones. Sin embargo, su licencia de ocho días se revela como un gesto superficial más que como un acto coherente. La intención parece ser cumplir con la línea de Sheinbaum mientras se mantiene el control sobre su curul, un claro ejemplo de cómo la política local utiliza el progresismo como fachada para continuar una labor de engaño.
A nivel estatal, el reciente nombramiento de María del Refugio Camarena Jáuregui, “La Cuquis”, como delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, no es un mero cambio administrativo. Es parte de una estrategia más amplia diseñada por Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, en respuesta a las tensiones que enfrenta la dirigencia local. La elección de Guillermo Valencia Reyes, “Memo Cahuamas”, como presidente estatal no solo ha estancado el fortalecimiento interno, sino que ha abierto un frente de impugnaciones que podría llegar al Tribunal Electoral.
El proceso interno del PRI en Michoacán ha sido singular, ya que, aunque se registraron dos fórmulas, solo una fue válida, lo que ha llevado a acusaciones de un “dedazo disfrazado,” vulnerando así la democracia interna. Este contexto ha permitido que los opositores, liderados por Vicente Manuel García Paulín, señalen irregularidades que van desde requisitos desproporcionados hasta cuestionamientos sobre la elegibilidad de Valencia.
Mientras tanto, en el panorama electoral de Morelia, se perfilan candidatos. En Morena, Luis Navarro García se destaca como el favorito, consolidado por el respaldo del gobernador y una posición favorable en encuestas. A su lado, Juan Carlos Barragán busca mantenerse relevante, aunque su reputación sufra bajo el peso de cuestionamientos. En el ámbito del PAN, competidores como David Cortés Mendoza, Yankel Benítez Silva y Adolfo “Fito” Torres Ramírez se preparan para una contienda ajustada, mientras que el PRI y el PRD contemplan el futuro con candidatos más definidos, aunque menos competitivos.
Por último, la situación social en Michoacán también está marcada por problemas de sanidad. La presencia del gusano barrenador, declarado Emergencia Nacional de Sanidad Animal, está generando grandes preocupaciones en las comunidades rurales. A pesar de las respuestas iniciales del gobierno, los ganaderos claman por acciones más decisivas para contener una plaga que amenaza gravemente tanto la producción regional como la salud pública. En este contexto, mientras los comunicados oficiales hablan de prevención, la sensación en el terreno es que la situación está lejos de ser controlada.
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