En un análisis reciente, el área de análisis económico de Banamex ha emitido un aviso sobre los posibles riesgos de reintroducir un régimen de rentas congeladas en la Ciudad de México. Esta política, que fue implementada entre 1942 y 2001, generó distorsiones significativas en el mercado inmobiliario y un deterioro urbano notable.
Durante casi seis décadas, la congelación de rentas provocó el despoblamiento del centro histórico de la capital, una disminución en la oferta de vivienda en alquiler y una notable falta de mantenimiento de propiedades. Esto resultó en un deterioro físico de los inmuebles y en conflictos sociales derivados de la crisis habitacional.
La política, que originalmente tenía como objetivo proteger a los inquilinos en un contexto de inflación durante la Segunda Guerra Mundial, se extendió indefinidamente, lo que llevó a que, en los años 90, algunos alquileres oscilaran entre 0,40 y 10 pesos mensuales. A pesar de los costos crecientes de mantenimiento e impuestos, que aumentaron en promedio un 10% anual entre 1970 y 2000, muchos propietarios se vieron incapaces de sostener sus propiedades.
La eliminación de esta medida en 2001, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, permitió una reactivación del mercado inmobiliario, logrando un crecimiento promedio anual del 2,8 % en construcción entre 2001 y 2010 y una revitalización del centro histórico. Sin embargo, la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha presentado el Bando 1 ‘Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local’, cuyo objetivo es controlar el aumento de las rentas a través de incrementos vinculados a la inflación oficial.
Banamex recordó que propuestas como la de limitar los aumentos de renta deben considerar lecciones del pasado, enfatizando que un diseño deficiente de tales políticas puede generar efectos adversos, como un aumento en la informalidad de los arrendamientos, la erosión del valor catastral y la reducción de la recaudación fiscal. El banco también advirtió que la falta de un marco adecuado podría desincentivar la inversión privada, que en 2024 representó el 85 % del financiamiento para la construcción de viviendas en la capital.
El análisis concluyó que la implementación de políticas complementarias, como incentivos fiscales para el mantenimiento de inmuebles en renta y subsidios directos a inquilinos de bajos ingresos, sería crucial para equilibrar la justicia social con la sostenibilidad económica. Además, subrayó que aún faltan detalles claros sobre aspectos esenciales de esta nueva estrategia, como las ‘Zonas de Tensión Inmobiliaria’ y la ‘Defensoría de los Derechos Inquilinarios’, lo que es fundamental para evaluar completamente la viabilidad e impacto de la propuesta.
El anuncio de Banamex resalta cómo las rentas congeladas en el pasado son un claro ejemplo de los efectos no deliberados que pueden surgir de políticas públicas bien intencionadas, lo que refuerza la necesidad de un enfoque cuidadoso hacia la regulación del mercado de arrendamientos en la ciudad.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
