El jurado que decidió el pasado noviembre la suerte de los tres hombres blancos acusados de matar el 23 de febrero de 2020 a Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que había salido de casa para correr e iba desarmado, estaba compuesto por 11 miembros blancos y uno negro. Los abogados de los acusados rechazaron a 11 de los 12 posibles jurados afroamericanos en un condado del Estado de Georgia donde aproximadamente el 25% de los residentes son negros. El reciente caso del juicio de Arbey es un reflejo de cómo la mayoría de los jurados seleccionados para participar en vistas judiciales en Estados Unidos son blancos, independientemente de que la composición racial de la población del lugar del proceso sea diversa.
Aunque los tres hombres fueron declarados culpables de múltiples cargos y afrontan la cadena perpetua, el proceso reabrió un debate y un problema sobre el que el mundo académico lleva tiempo alertando: los afroamericanos están subrepresentados en los jurados de los tribunales.
Uno de los principales factores que permiten la discriminación racial en la selección de los jurados es lo que se conoce como el desafío perentorio, una práctica que permite a los fiscales y abogados defensores rechazar a unos 15 candidatos a jurado por proceso —el número varía según el Estado— sin tener que justificar por qué no quieren que participen. Cuando se les agotan las opciones, pueden presentar ilimitadas impugnaciones, pero deben alegar una causa para ello. Estas suelen ir desde que el potencial jurado tiene a un familiar en prisión hasta que parece un traficante de drogas. Son pocos los negros que pasan ambas cribas.
Ahora, un puñado de Estados progresistas como Washington y California ha puesto en marcha medidas para evitarlo y buscan endurecer los requisitos para que se pueda desestimar a un posible jurado y así poner freno al sistema discriminatorio.
La abogada Elisabeth Semel, que dirige un departamento de la Universidad de Berkeley (California) que representa a condenados a la pena capital y realiza estudios del tema, ha analizado cerca de 700 casos que llegaron a los tribunales de apelaciones tras polémicos desafíos perentorios entre 2006 y 2018. El estudio, titulado Blanqueando el palco del jurado, reveló que los fiscales utilizaron esta opción para eliminar a posibles jurados negros en el 72% de los casos, 28% en latinos, y 0,5% en blancos.
La discriminación racial en la selección del jurado ocurre desde que los negros conquistaron sus primeros derechos civiles. El Tribunal Supremo no se pronunció sobre el problema hasta 1986, cuando dictaminó que los desafíos perentorios no pueden utilizarse para excluir jurados basándose únicamente en su etnia. Aquel fallo de Batson v. Kentucky condujo a que se pudiera objetar esa práctica por considerar que incumple los criterios aceptables en los tribunales. Pero “todos los estudios que se han realizado durante las últimas décadas han demostrado que esta no es una forma eficaz de reducir la discriminación”, aduce Semel, quien remarca que la “impugnación Batson” requiere demostrar que el bloqueo de un candidato se basó en una discriminación intencionada, y es difícil para los jueces acusar a un fiscal de “racista”.
Thurgood Marshall, el primer juez negro del Tribunal Supremo, apoyó el fallo de Batson contra Kentucky, pero ya avanzó que la discriminación racial en la selección del jurado no se iba a acabar mientras no se eliminara la posibilidad de rechazar a candidatos sin alegar motivo alguno. El Reino Unido suprimió el llamado desafío perentorio en 1988 y Canadá en 2019. El pasado septiembre, Arizona se convirtió en el primer Estado de EE UU en prohibirlos.
Con el objetivo de reforzar la línea marcada por el fallo del Supremo, el Tribunal Superior del Estado Washington adoptó en 2017 una norma que facilita a los abogados impugnar el desafío perentorio sin tener que probar que hubo una intención de discriminar por parte de fiscales o abogados defensores. William Snowden, que trabajó como abogado defensor en Nueva Orleans, recuerda que los fiscales solían preguntar a los posibles jurados si habían tenido una mala experiencia con la policía, y la mayoría de los que alzaban la mano eran negros o latinos. Acto seguido, los eliminaban por percibir prejuicios contra los agentes. “Los fiscales ya no pueden usar esa respuesta como una razón para sacar a un candidato” de la lista en Washington, explica Snowden, “ni las preocupaciones o críticas que tengan al sistema criminal”.
Reforzar el control
El 1 de enero entró en vigor una ley en California similar a la de Washington. La normativa permite al tribunal objetar un desafío perentorio y pedir explicaciones y evaluar las razones con el objetivo de eliminar posibles sesgos raciales. Los tribunales de Connecticut, Nueva Jersey, Iowa, y del Distrito de Columbia, están estudiando adoptar medidas similares. Snowden cree que deberían mantenerse los desafíos perentorios, pero que lo que hay que hacer es “aumentar y brindar la protección contra la discriminación a nivel estatal” con medidas de control. En la misma línea, Semel, que ha trabajado en la reforma californiana, cree que los Estados deberían seguir esa senda y reforzar la exigencia de argumentos para rechazar jurados.
El profesor Wright cree que el “experimento” en Arizona podrá dar luz sobre si es efectivo o no dentro de un par de años, pero no cree que la mayoría de los Estados sigan sus pasos hasta dentro de 20 0 30 años. Tiene esperanzas de que en el corto plazo las Fiscalías y los defensores públicos comiencen a rastrear sus propios datos sobre la selección de jurados y los hagan públicos para concienciar sobre la discriminación en el sistema de jurados y se genere presión social para tomar medidas.
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