Su nombre era María Camila, había nacido en un resguardo indígena de Tierralta, en el departamento de Córdoba y a tan solo dos meses de su nacimiento murió en la Entidad Promotora de Salud (EPS). Las causas de muerte se deben a que la pequeña sufría de desnutrición severa, pero más allá de sus problemas de salud existió un antecedente de injusticia.
María Camila llegó al hospital después de que sus padres sortearan dificultades para salir del resguardo, que no tiene centro médico: seis horas en lancha hasta Tierralta y luego una hora más por carretera para llegar a Montería, la capital del departamento. Fue atendida en el hospital San Jerónimo, pero necesitó ser remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica. Sin embargo, según la Defensoría, la Nueva EPS no autorizó el traslado porque la menor no estaba afiliada por no tener registro civil de nacimiento.
Su historia ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es la muestra de cómo en Colombia mueren niños por negligencia. “Resulta inconcebible que por obstáculos administrativos se pierda la vida de una bebé que debió recibir atención sin importar si estaba o no afiliada oficialmente al sistema de salud y que, además, por pertenecer a un grupo étnico, debió ser tratada con protección reforzada”, ha dicho el defensor del Pueblo, el cordobés Carlos Camargo.
Nadie en la EPS tuvo en cuenta la barrera a la que se enfrentan los indígenas que no tienen a la mano un registrador. Usualmente, cuando nacen niños en los resguardos, los gobernadores indígenas los anotan en un certificado como “nacidos vivos” y luego, con ese papel, los padres buscan una oficina de la Registraduría. Pero estas no están cerca de sus territorios y en ocasiones no entienden la lengua de las comunidades. En Koredó, donde nació María Camila, hay al menos 12.000 indígenas y de ellas solo 8.400 están afiliados al sistema de salud; del resto no se sabe.
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