El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha echado balones fuera este viernes en su declaración como testigo ante el juez por el caso de un intento de mordida por maletines anticovid para la Junta de Andalucía. Bendodo ha declarado por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla que investiga el intento de una comisión millonaria en plena pandemia en 2020, y tanto él como el presidente del Parlamento andaluz y exconsejero de Salud, Jesús Aguirre, han alegado que ambos se limitaron a propiciar la investigación que destapó la comisión frustrada.
El empresario asturiano Félix Guerrero denunció ante la Junta la supuesta extorsión de cinco millones por la compra de 107 maletines para detectar la covid en los pacientes de la segunda ola, y el Gobierno andaluz llevó el caso ante la Fiscalía. Antes de la denuncia formal del Ejecutivo, tanto Bendodo como Aguirre conocieron durante tres meses el supuesto cohecho y este viernes han explicado sus gestiones para finalmente llevar el caso ante la justicia.
Bendodo ha relatado que el empresario asturiano compartía con él urbanización de veraneo en Marbella y que cuando este le dijo que importaba material sanitario contra la covid, se limitó a informarle del correo electrónico habilitado por la Junta para las ofertas, según fuentes del caso presentes en la declaración. Más adelante, el empresario le contó el intento de extorsión y Bendodo le dijo que le telefonearía su viceconsejero Antonio Sanz —hoy consejero de Presidencia—, que le llamó pero tardó tres meses en denunciar el asunto ante la Fiscalía, ante la desesperación de Guerrero. El juez Miguel Ángel Gálvez no ha hecho preguntas y la Fiscalía no ha asistido a las declaraciones en los juzgados sevillanos.
El empresario aseguró que le dio su oferta a Bendodo, pero este ha alegado ante el magistrado que no lo recordaba al ser “tiempos de urgencia”, en referencia a la gravedad de la segunda ola de la covid, según dichas fuentes jurídicas. Cuando más tarde el empresario relató a Sanz el intento de extorsión sufrido por el exasesor de la Consejería de Salud Guillermo González, el consejero de Presidencia se puso en contacto con González antes que con el empresario denunciante. Bendodo ha aducido que desconoce por qué razón Sanz optó por enterarse del asunto a través del comisionista imputado por cohecho y tráfico de influencias en vez del empresario denunciante. Cuando Sanz y González se reunieron, el viceconsejero informó al exasesor de Salud de la investigación interna desarrollada en su contra, lo que, según la policía, le permitió eliminar pruebas.
Por su parte, el presidente de la Cámara andaluza, Jesús Aguirre, ha explicado ante el juez que, cuando le notificaron el intento de extorsión, puso el asunto en manos de su número dos Catalina García —hoy consejera de Salud—, que canalizó el expediente para expulsar al exasesor. El artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exime a Aguirre de declarar como testigo en el juzgado, pero no así a Bendodo, aunque el juez le ha permitido declarar por videoconferencia. Las partes consultadas desconocían las razones para el trato de favor.
Las dudas de este caso planean sobre por qué el empresario denunciante no cursó su oferta por la vía ordinaria, a través de la Dirección General de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino que se la planteó a Bendodo, y a continuación la cursó directamente a María Jesús Pareja, máxima responsable de la organización centralizada por la Junta, perteneciente al Hospital Valme de Sevilla. Cuando más adelante fue víctima del intento de extorsión, el empresario telefoneó de nuevo a Bendodo en vez de denunciarlo ante la justicia.
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En paralelo, el empresario obtuvo una negativa del SAS a su oferta de maletines anticovid, y la Consejería encargó un segundo análisis para estudiar su calidad, aunque también resultó infructuoso. Sanz explicó que se hizo esta segunda consulta ante la insistencia del empresario y para demostrarle que tenían interés en verificar la calidad de su material sanitario.
Por el presunto cohecho están imputados el exasesor comisionista, el empresario intermediario Manuel García Gallardo, su hermana María García Gallardo y la asesora de ambos Cristina Romero.
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