La toma de las vías férreas en Uruapan, Michoacán, suman al día de hoy, 36 días consecutivos y 54 en total en lo que va de este año, por parte de los maestros adheridos al grupo llamado de Poder de Base de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
En total, en 2020 fueron 93 días de plantón como medida para presionar al gobierno del estado el pago de sus salarios y prestaciones, las cuales se agravaron todo el mes de octubre y noviembre hasta los primeros cinco días de diciembre.
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Este año nuevamente hay retrasos en el pago de nómina y no hay una respuesta del gobierno que encabeza Silvano Aureoles, que además debe recursos a los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial que iniciaron paros laborales esta semana.
Poder de Base comenzó sus paros en abril, principalmente en la comunidad de Caltzontzin, pero también se movilizaron en otros puntos como Guacamayas, Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Pátzcuaro, La Piedad y Maravatío.
En marzo pasado, por ejemplo se registraron solo dos días de bloqueos, cuatro en mayo, siete en junio y cinco en julio; sin embargo, el 31 de julio se anunció que la toma sería indefinida, luego de que el gobierno estatal se declaró sin flujo de dinero para pagar la parte proporcional de la nómina magisterial, derivada del acuerdo de la federalización de trabajadores de la educación que abarca a 27 mil 665 empleados de educación básica, de los cuales cinco mil 406 cuentan con plaza federal y 22 mil 259 con plazas estatales.
La madrugada del 21 de agosto de este año los profesores denunciaron ante los medios que un supuesto grupo de paramilitares los desalojaron de Caltzontzin, pero regresaron el día 23 y desde entonces se han mantenido en el plantón.
Saldo de las tomas
Hasta el momento, el saldo reportado por la empresa Kansas City Southern (KCS) es de 357 trenes que dejaron de circular, con un impacto económico de un millón 973 mil 500 toneladas de mercancía detenidas y 15 mil contenedores intermodales que no han sido entregados a su destino.
Son al menos 330 familias de esta firma ferroviaria las afectadas en Michoacán, según asegura la propia empresa.
El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, aseguró que hasta el momento se tienen pérdidas de alrededor de mil millones de pesos acumulados en los 33 días de bloqueos.
En entrevista, afirmó que la existencia de bloqueos no sólo genera un desabasto de insumos, sino también de mercancías en tiendas de autoservicio, departamentales y en productos químicos.
Añadió que “tanto la flota ferroviaria inmovilizada como la vía general de comunicación son propensas a sufrir daños por actos vandálicos, por incendios como fogatas y quema de neumáticos”.
FEDERALIZACIÓN A MEDIAS
El 28 de noviembre de 2018, el gobierno de Michoacán dio a conocer que de manera unilateral daba por terminado el Acuerdo Nacional para la Educación Básica y Normal, dando inicio a una controversia constitucional. En otras palabras, buscaba dejar de pagar a los maestros para que lo hiciera la Federación.
En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en distintas giras por la entidad en el 2019 que su administración absorbería el gasto total y el 22 de noviembre de ese año aseguró que Michoacán sería “el primer estado en federalizar la nómina educativa”.
La firma de ese acuerdo llegó el 24 de enero de 2020. Al acto protocolario asistieron los entonces secretarios de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo, quien aseguró que tras ese logro más de 32 mil maestros podrían “recibir sus salarios puntualmente, garantizar sus derechos laborales y salvaguardar el acceso de los alumnos a una educación con equidad y excelencia”.
El acuerdo significaba quitarle al estado de Michoacán una carga financiera que arrastraba desde 1992, cuando asumió todos los pagos al magisterio, pero se agravó en el sexenio de Aureoles Conejo, quien en 2018 regresó a la Federación los servicios de educación básica y normal, argumentando que pagar la nómina le originó un hoyo de cuatro mil 200 millones de pesos en sus primeros tres años al frente del Ejecutivo.
Desde diciembre de 2019 el gobierno del presidente López Obrador aprobó destinar 3 mil 265 millones de pesos para salarios, aguinaldos y otras prestaciones de aproximadamente 32 mil maestros. Ante el anuncio, el gobernador perredista prometió que el pago de salarios no sería un pretexto para que los profesores salieran más a las calles, y remató: “Resolvemos todo el problema de la falta de recursos y 30 años de conflicto por pago de salarios y prestaciones que afectó mucho la educación de los niños de Michoacán”.
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El 10 de enero de 2021, a casi un año de la firma, Aureoles Conejo aceptó que ambos niveles de gobierno no habían concretado el arreglo al 100 por ciento, por lo que su administración aún tenía problemas para pagar a los maestros. “Es importante que pronto concluyamos el proyecto que iniciamos en Michoacán y que ya llevamos muy avanzado”, le expuso al presidente de la República, quien visitó la entidad.
El 6 de febrero de este año, el secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala Morales, dijo que la federalización de la nómina no había sido asumida por el gobierno mexicano, pues “no nos es posible erogar 10 mil millones de pesos para la nómina de los maestros del nivel básico”.
Así, la prometida federalización solo logró que el gobierno de México aportara 34.6 por ciento de la nómina, dejando el restante 66.4 en manos de las finanzas locales.
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Actualmente, según cifras de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), hay 22 mil 259 trabajadores de la educación con plaza estatal, mientras que 5 mil 406 tienen una plaza federal, para un total de 27 mil 665. El costo anual para pagarles es de 9 mil 299 millones 238 mil 850 pesos, pero tan solo de 2020 todavía se deben 651 millones 501 mil pesos.
Este 2021 el gobierno aceptó que debe 561 millones de pesos correspondientes a las dos quincenas de agosto y 468 millones respecto a septiembre, a lo que hay que sumar 274 millones rezagados desde la segunda quincena de julio.
Con esos números, el gobierno local ha pedido la creación de un vehículo financiero para administrar los recursos (Fonemich) y así lograr que los pagos se dividan en 50/50, pero hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de la federación.
SE LAVAN LAS MANOS
El secretario de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), Israel Patrón, declaró que no es competencia del estado emplear la fuerza pública para retirar a los maestros “porque se trata de un territorio federal”, por lo que descartó que el estado intervenga para el retiro del único plantón.
Por su parte el gobierno federal, ha señalado que es responsabilidad del estado garantizar el libre tránsito y que el conflicto se encuentra “en la cancha del gobierno estatal, quien deberá resolver el motivo por el que existe la inconformidad de los maestros”.
Ante este panorama el año pasado un grupo de empresarios locales, encabezados por directivos de la empresa KCS, interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la y en la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento “simplemente no han prosperado” ni existe seguimiento, dijo el expresidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Abelardo Pérez.
