El Gobierno de Bolivia ha lanzado serias acusaciones contra el expresidente Evo Morales, a quien señala de enviar autobuses con la intención de generar caos y violencia en La Paz. Esta confrontación se produce en el contexto de tensiones sociales que han llevado a protestas y disturbios en el país durante casi 40 días consecutivos, bloqueando carreteras en seis de sus nueve departamentos.
La cartera de Obras Públicas ha divulgado videos que muestran la partida de autobuses desde uno de los puntos de bloqueo en la ruta que conecta Oruro con La Paz, supuestamente transportando a personas enviadas por Morales. Las autoridades han denunciado que estos bloqueos están impidiendo el paso de productos esenciales, poniendo en riesgo a niños y enfermos que dependen de insumos vitales.
“No les importa que niños y enfermos esperen insumos vitales. Han llegado al extremo de apedrear ambulancias y atacar vehículos de emergencia”, ha declarado Obras Públicas, insistiendo en que estas acciones no son protestas, sino actos criminales. Además, se han hecho llamados a asumir la responsabilidad por cada enfermo sin atención y cada familia sin acceso a alimentos.
La situación ha escalado, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, y casi un centenar de bloqueos en La Paz y Cochabamba, la base política de Morales. La movilización, inicialmente centrada en demandas por mejoras en condiciones de vida en medio de una crisis social y económica, ha evolucionado a un reclamo más contundente por la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
En respuesta a la creciente crisis, el Congreso de Bolivia ha aprobado recientemente la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que permite al Gobierno utilizar a las Fuerzas Armadas para desmantelar estos bloqueos.
Por su parte, Morales ha condenado las detenciones de dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), alegando que son ilegales y que se someten a torturas por parte de las fuerzas de seguridad. A través de sus redes sociales, ha comparado estas prácticas con las de regímenes dictatoriales, pidiendo la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para salvaguardar la dignidad del pueblo boliviano.
El exlíder también ha denunciado que el Gobierno está detrás de cortes de energía y telecomunicaciones en las zonas más conflictivas, como Cochabamba, donde se ha concentrado la resistencia. Según él, estas medidas buscan intimidar a la población que se opone al régimen actual.
Con la situación escalando, las tensiones entre el Gobierno y los sectores opositores en Bolivia parecen lejos de resolverse, manteniendo a la nación en un estado de incertidumbre y confrontación. La continua agitación social plantea desafíos significativos para la estabilidad política y social del país.
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