Boris Johnson tiene previsto visitar este lunes Irlanda del Norte para intentar sofocar una crisis de la que es el principal responsable. Los republicanos del Sinn Féin quedaron en las elecciones del pasado día 5 por delante de la principal formación unionista, el DUP, aunque el unionismo en su conjunto siga siendo mayoritario. El DUP culpa de su desdicha al Protocolo de Irlanda del Norte, que Johnson firmó con la UE para sacar adelante su anhelado Brexit, y ha adoptado una posición de chantaje, al negarse a permitir que comiencen a andar las instituciones autonómicas hasta que Londres no desguace unilateralmente el acuerdo que cerró con Bruselas. Johnson tiene un problema, y de nuevo echa mano de maniobras de trilero.
El martes, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, está dispuesta a poner en marcha los trámites parlamentarios para aprobar una ley que revoque unilateralmente partes esenciales del Protocolo de Irlanda. Asegura Truss que el problema ha pasado a ser una cuestión de seguridad nacional. Acusa además a la UE de poca flexibilidad y falta de pragmatismo. No es cierto, y la ministra británica lo sabe. El negociador comunitario, Maros Sefcovic, ha visitado la zona para escuchar de primera mano las preocupaciones de empresarios, políticos de ambos bandos y ciudadanos. Y ha ofrecido soluciones prácticas para aliviar las fricciones comerciales y aduaneras imprevistas, especialmente en el comercio originado en Gran Bretaña cuyo destino final es Irlanda del Norte.
La andadura parlamentaria de esa nueva ley que desafía al protocolo puede durar hasta un año. Johnson lograría dar a los unionistas una imagen de dureza, y añadir, de nuevo, con cierta dosis de infantilismo, un arma de presión en sus negociaciones con la UE. Bruselas no va a caer en una trampa que ya no engaña a nadie. Y sus países miembros, como recordó Sefcovic a Truss la semana pasada, permanecerán firmes y con una sola voz en este asunto. El siguiente paso, si Johnson decide recurrir al chantaje, será reactivar los preparativos para emprender acciones legales y mostrarle claramente cuáles serían las consecuencias de un movimiento irresponsable que atenta contra la legalidad internacional.
Entre las propuestas planteadas por Londres hay algunas medidas que pueden considerarse, otras que pecan de voluntarismo y alguna que no merece ni ser debatida. Pero son la señal de que, en el fondo, Downing Street tiene pavor a desatar una guerra comercial con la UE. El Protocolo integró a Irlanda del Norte en el mercado interior comunitario y estableció los controles aduaneros en el mar de Irlanda para evitar que una nueva frontera reavivara las tensiones y recordara que la isla sigue partida. En ese avispero que costó tantos años y esfuerzo calmar, contentar a una parte supone casi siempre alimentar el recelo de la contraria. Bruselas también debe atender estas señales. Será esa última muestra de voluntad negociadora la que ayude a aclarar finalmente si Johnson es sincero en su voluntad de buscar una solución o si de nuevo utiliza el Brexit y sus consecuencias como cortina de humo para huir de sus propios problemas políticos.
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