Brugada enfrenta desafío con 1.000 animales rescatados

La crisis generada por el traslado de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano ha llevado al Gobierno de Ciudad de México a ofrecer repetidas aclaraciones en la última semana. Este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó el albergue temporal ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se encuentran resguardados 183 perros. Su objetivo fue demostrar que las condiciones de los animales son adecuadas, frente a acusaciones de maltrato y sacrificio que han surgido en redes sociales.

Brugada enfatizó que "los lugares donde están hoy los perritos están en buenas condiciones", asegurando que reciben atención médica constante y tienen acceso a alimento y limpieza. El 23 de enero, los perros serán trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, que ya alberga a otros animales, en un esfuerzo por estabilizar su estado de salud y prepararlos para una futura campaña de adopción.

Hasta la fecha, la ciudad mantiene bajo resguardo a 858 perros: 304 en un refugio temporal en Ajusco, 371 en la Brigada de Vigilancia Animal y 183 en la Gustavo A. Madero. El desalojo del refugio original ha generado un ambiente de incertidumbre, ya que se ha informado que al menos 798 de los cerca de 900 animales rescatados presentaron signos de maltrato. Entre ellos, 759 son perros y 39 son gatos, con 20 directos hospitalizados y 21 que han fallecido, debido a padecimientos diversos como dermatitis, sarna, y enfermedades respiratorias.

La polémica comenzó cuando se cerró el albergue que acogía a 936 animales, y desde entonces, la tensión ha aumentado. La administración de Brugada ha defendido su intervención basándose en informes que evidencian condiciones de hacinamiento y abuso. Sin embargo, el Refugio Franciscano, fundado en 1977 y conocido por sus políticas de no sacrificio, ha denunciado la acción como un desalojo violento que violó una orden judicial que aseguraba la protección del lugar. Además, ha señalado que durante 28 días, el inmueble estuvo bajo control de la Fundación Antonio Haghenbeck, limitando el acceso a veterinarios y agravando la salud de los animales.

El conflicto legal entre el Refugio y la Fundación se ha intensificado. La disputa se remonta a diciembre, cuando se ordenó el desalojo y surgieron sospechas de que intereses inmobiliarios podrían estar detrás de la acción gubernamental, posiblemente para desarrollar un complejo de departamentos en el terreno. Brugada y la fiscal capitalina han asegurado que la intervención fue motivada por el bienestar animal y no un despojo ni una acción motivada por el desarrollo inmobiliario.

La situación ha polarizado a los defensores de animales, generando agresiones entre colectivos que apoyan diferentes posiciones. En medio de este caos, la administración local ha reiterado su compromiso de no criminalizar a quienes cuidan de los animales y ha anunciado que se abrirá un proceso para recibir propuestas sobre la nueva ley de bienestar animal que se discutirá próximamente.

En este contexto, la atención de la comunidad y de las autoridades debe mantenerse enfocada en el bienestar de los animales rescatados y en garantizar que se cumplan los derechos de todos los involucrados, evitando que este caso sea simplemente un campo de batalla entre intereses contrapuestos.

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