El continuo tira y afloja entre Bruselas y Budapest dejará al Gobierno de Viktor Orbán sin acceso al fondo europeo de recuperación al menos hasta la vuelta del verano. La Comisión Europea mantiene bloqueada la aprobación del plan nacional de reformas presentado por Hungría y exige a cambio del dinero, más de 7.200 millones de euros, el compromiso del Ejecutivo de Orbán con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y con el respeto a la independencia judicial. Tras más de dos semanas de negociaciones, la Comisión ha asegurado este martes que Hungría se ha mostrado por fin dispuesta a trabajar “de manera constructiva” para resolver las diferencias pendientes, un proceso que, según los cálculos de Bruselas, podría prolongarse hasta el 30 de septiembre.
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El retraso en la aprobación de los planes evita a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la embarazosa situación de tener que viajar en estos momentos a Budapest y a Varsovia para entregar a Orbán y al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, un simbólico cheque por valor de 7.200 millones y 36.000 millones de euros, respectivamente.
La dureza de la revisión de los programas húngaro y polaco permite también a Bruselas reivindicarse ante los socios que exigen un control estricto en el desembolso de los fondos, un grupo en el que militan, sobre todo, Alemania, Países Bajos, Suecia o Finlandia. La prórroga de la revisión permitirá también comprobar la posición del Tribunal Constitucional de Polonia, que la próxima semana debe pronunciarse sobre si reconoce o no la primacía del derecho europeo sobre el nacional.
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Bruselas también gana tiempo para intentar encauzar el choque con el Gobierno de Orbán por la ley que prohíbe la difusión de contenidos relacionados con la comunidad LGTBI en cualquier lugar o formato al que puedan tener acceso los menores de 18 años, una norma que, según Von der Leyen, es discriminatoria y equipara la homosexualidad con la pornografía y la pedofilia. La Comisión tiene intención de denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE si no retira la ley, pero esa demanda canalizaría el conflicto hacia una vía judicial claramente separada del proceso de revisión de los planes de recuperación.
La Unión Europea ya ha dado el visto bueno a las medidas de 16 países, España entre ellos, y Bruselas espera que en cuestión de días se inicien los primeros desembolsos con los recursos captados hasta ahora en los mercados de deuda. La Comisión Europea ya ha realizado tres subastas de bonos europeos con los que ha obtenido 45.000 millones de euros en unas condiciones muy favorables gracias a la fuerte demanda entre los inversores.
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Los países con los planes aprobados recibirán este mismo año un adelanto del 13% del total de las ayudas previstas, que para los 27 Estados miembro suman 800.000 millones entre subvenciones y préstamos. Hungría y Polonia se quedan, de momento, fuera de ese banquete por la resistencia del Ejecutivo de Von der Leyen a dar el visto bueno a las medidas nacionales de reformas presentadas como contrapartida para recibir el dinero.
Como con todos los socios, Bruselas dispone de dos meses para revisar esos planes y proponer al Consejo de la UE su veredicto. En el caso de Hungría, ese plazo expiró el 12 de julio pero la luz verde ni ha llegado ni se la espera. La Comisión ha propuesto a Budapest prolongar el plazo de revisión, una medida a la que el Gobierno de Orbán se resistía hasta ahora. Este martes, sin embargo, Budapest ha claudicado y se resigna a someterse a varias semanas de escrutinio antes de poder aspirar a las ayudas que la UE ofrece para paliar la crisis provocada por la covid-19.
“La Comisión propuso formalmente a Hungría una extensión del período de revisión y ya hemos recibido una respuesta constructiva respecto a ese retraso de la evaluación”, ha señalado una portavoz del ejecutivo comunitario. La misma fuente ha añadido que Budapest “se ha mostrado de acuerdo en trabajar con nosotros de manera constructiva en los puntos que siguen abiertos”.
