La Comisión Europea ha denunciado este viernes a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por las trabas que pone Pekín a las compañías europeas con patentes en tecnologías clave como el 5G cuando estas recurren a tribunales nacionales para denunciar su apropiación ilegal por la industria china.
Bruselas critica que los propietarios de patentes que acuden a un tribunal fuera de China para hacer valer sus derechos sobre las tecnologías protegidas se encuentran después con multas impuestas por las autoridades chinas, lo que en la práctica supone “presionarles para fijar las licencias por debajo de los precios de mercado”.
En opinión del Ejecutivo comunitario, que actúa en nombre de los Veintisiete en materia comercial, la política china es “extremadamente dañina” para el crecimiento y la innovación en la Unión Europea porque impide a las tecnológicas europeas “ejercer y hacer cumplir los derechos que les otorga la ventaja tecnológica”.
Por todo ello, los servicios comunitarios han optado por solicitar en el marco de la OMC consultas con China para resolver diferencias, que es el primer paso en el proceso de resolución de litigios con que cuenta el organismo multilateral.
Solución negociada
Si no se resuelve el asunto en el plazo de 60 días previsto en esa fase, la UE podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre este asunto, aunque fuentes comunitarias insisten en que aún hay espacio para una solución negociada si Pekín acepta las consultas, a pesar de que en el último año no prosperaron los intentos europeos por solventar la situación en bilateral.
“Las empresas europeas tienen derecho a buscar justicia en términos justos cuando su tecnología es utilizada de manera ilegal”, ha defendido el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, tras el anuncio del último caso elevado a la OMC por disputas contra China.
La Comisión Europea identifica desde agosto de 2020 numerosas decisiones de tribunales chinos dirigidas a presionar a las compañías de países de la UE con patentes de alta tecnología e impedirles que puedan defender sus derechos de protección. Se trata de “mandatos judiciales antidemandas” que los fabricantes de país utilizan para acceder a la tecnología europea a un precio mucho menor o incluso de manera gratuita.
Bruselas sostiene, además, que estos tribunales recurren también a importantes multas para “disuadir” a las empresas afectadas de acudir a la Justicia de sus propios países, lo que lastra sus derechos.
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