La Comisión Europea aboga por estrenar con Hungría la herramienta que permitirá por primera vez restringir fondos europeos a los países que incumplan el Estado de derecho. Bruselas cree que Hungría no ha cumplido por ahora con su parte del acuerdo al que llegaron en septiembre para implantar 17 medidas y reformas contra la corrupción que evitaran ese castigo. Con esta conclusión en la mano, el Ejecutivo comunitario recomendará al Consejo de la UE, que integra a los países miembros y que tendrá la última decisión, que congele la entrega de 7.500 millones de fondos estructurales al Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán, el paso definitivo para aplicar el mecanismo que permite aplicar este tipo de sanciones cuando detecta que las deficiencias en el Estado de derecho de un país europeo ponen en riesgo el presupuesto comunitario.
Para mitigar la dureza de esa decisión, el colegio de comisarios ha dado, al mismo tiempo, el visto bueno al plan de recuperación húngaro, que supone acceder a 5.800 millones de euros en subvenciones. El dinero llegará, no obstante, siempre que Hungría aplique cuatro importantes medidas que aseguren la independencia del poder judicial en el país magiar.
En el fondo, lo que ha hecho este miércoles Bruselas ha sido doblar la apuesta con Orbán. Ya no solo le amenaza con dejarle sin 7.500 millones del dinero de programas europeos si no aplica las medidas a las que se comprometió en septiembre. También le advierte que están en juego los 5.800 millones que llevan aparejados su plan de recuperación. Pero en ambos casos, hace depender su entrega —si así lo ratifican los Estados miembros en el Consejo de la UE— de que Orbán dé marcha atrás sobre muchas de sus políticas en los últimos años. Es decir, le reclama que despliegue las reformas anticorrupción exigidas hace algo más de dos meses y los cambios legales que garanticen la independencia judicial y la aplicación de la jurisprudencia europea en Hungría.
“La Comisión considera que, a pesar de las medidas adoptadas, sigue existiendo un riesgo para el presupuesto de la UE, dado que las medidas correctoras que aún deben cumplirse son de carácter estructural y horizontal. Si bien se han emprendido o están en curso una serie de reformas, Hungría no ha aplicado adecuadamente los aspectos centrales de las 17 medidas correctoras necesarias acordadas en el marco del mecanismo general de condicionalidad en el plazo del 19 de noviembre, tal como se había comprometido”, explica el comunicado del Ejecutivo europeo en el que da cuenta de su decisión.
Orban lleva más de una década desafiando a Bruselas y a muchos de sus socios comunitarios ante su deriva autoritaria, que le ha llevado a dar pasos que desmantelan el Estado de derecho en Hungría y a revertir derechos y garantías entre sus ciudadanos, como los de la comunidad LGTBi. Al hilo del plan de recuperación, la UE aprobó el llamado Mecanismo de Condicionalidad para poder sancionar a los países que en este tipo de derivas ponen en riesgo el presupuesto comunitario. La herramienta llegó a ser recurrida ante los tribunales por los dos países que desde el principio parecían objetivos claros de ella: Polonia y Hungría. El Tribunal de Justicia de la UE rechazó el recurso y eso ya dejó las manos libres a la Comisión para activar el proceso, algo que hizo en septiembre.
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