El reglamento aprobado a finales del año pasado permite por primera vez suspender los fondos a los países donde la buena gestión de los recursos comunitarios no esté garantizada por la ausencia de las adecuadas estructuras administrativas, de auditoría o judiciales. La norma nació con vocación de frenar la deriva autoritaria en países como Hungría o Polonia. Pero en aras del consenso se restringió su ámbito de aplicación a las violaciones del Estado de derecho que puedan dañar de manera directa los intereses financieros de la Unión.
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Bruselas confía, no obstante, en que sirva para atajar desde los ataques a la independencia judicial a los conflictos de interés (como el del primer ministro de la República checa, uno de los principales beneficiarios de las ayudas comunitarias en su país) a los casos de corrupción ligados a la gestión de partidas comunitarias que van desde los fondos de cohesión a los de la política agrícola común, pasando por el nuevo fondo de recuperación.
El reglamento ya recogía la posibilidad de suspender las ayudas en caso de “poner en peligro la independencia de los jueces”. Pero el borrador de las directrices de la Comisión convierte a la independencia judicial en uno de los ejes de la nueva vigilancia y detalla las violaciones que podrían desencadenar la pérdida de fondos.
El recurso de Hungría y Polonia
Las directrices son el primer paso para la puesta en marcha de un reglamento que está en vigor desde el pasado 1 de enero pero que la Comisión Europea ha aceptado no aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre un recurso presentado por Hungría y Polonia para intentar frenar la norma.
El caso judicial, que se tramita por procedimiento acelerado, podría quedar resuelto a finales de este año o principios del próximo. Pero la Comisión, que confía en la victoria ante los jueces, advierte de que la aplicación será retroactiva y que sus pesquisas sobre posibles violaciones del Estado de derecho están en marcha desde el primer día, por lo que podrá explotar toda la información o las denuncias recibidas durante los meses de espera.
