El caso de Kilmar Ábrego García ha escalado rápidamente de ser considerado un “error administrativo” a convertirse en uno de los episodios más tensos entre Estados Unidos y El Salvador en materia de migración, justicia y derechos humanos. Durante su visita oficial a la Casa Blanca este lunes, el presidente salvadoreño Nayib Bukele sorprendió con declaraciones tajantes: afirmó que no tiene intención de devolver a Estados Unidos a Ábrego ni de liberarlo en El Salvador. Frente a los periodistas, y en presencia del presidente estadounidense Donald Trump, Bukele respondió en inglés a las preguntas que se le hicieron sobre el caso, asegurando: “¿Cómo puedo devolver un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? No tengo el poder de devolverlo”. Ante la insistencia de la prensa sobre si su gobierno contempla ponerlo en libertad, fue igualmente claro: “No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país”. Lo más notable es que Kilmar Ábrego no ha sido acusado formalmente de ningún delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
Ábrego llegó a Estados Unidos en 2011, huyendo de amenazas de muerte en su país por parte de grupos criminales, y se instaló en Maryland con uno de sus hermanos, ciudadano estadounidense. En octubre de 2019, un juez de inmigración determinó que Ábrego no debía ser deportado, reconociendo el alto riesgo de sufrir violencia o tortura si regresaba a El Salvador. Aun así, a comienzos de marzo de este año, fue detenido por agentes de Inmigración poco después de recoger a su hijo en casa de su abuela, y deportado sin previo aviso ni una nueva revisión judicial. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad salvadoreña construida por el gobierno de Bukele y señalada por múltiples organizaciones internacionales por su hacinamiento extremo, uso de aislamiento prolongado y presuntas violaciones a los derechos humanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido que la deportación fue un error administrativo. La jueza federal Paula Xinis ordenó el regreso inmediato de Ábrego al país, fallo que fue ratificado recientemente por el Tribunal Supremo, estableciendo un precedente inusual en casos de deportación. La jueza determinó que la acusación que pesaba sobre él, de supuesta pertenencia a la pandilla MS-13, carecía de pruebas, y que su expulsión se dio en abierto desacato a una orden judicial válida desde 2019. Sin embargo, el gobierno de Donald Trump se ha negado a facilitar el retorno, argumentando que la jueza Xinis no tiene autoridad para influir en la política exterior estadounidense.
La administración Trump ha optado por convertir el caso en un punto de defensa de sus nuevas políticas migratorias, que incluyen acuerdos bilaterales con gobiernos centroamericanos, como el de El Salvador, para que estos reciban a migrantes deportados, incluso cuando no cuentan con antecedentes criminales o cuando sus procesos judiciales aún estaban en curso. Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente, sostuvo que la deportación de Ábrego “no fue un error” y que “fue el hombre correcto enviado al lugar correcto”. Esto contradice directamente el reconocimiento del Departamento de Justicia sobre la irregularidad del proceso.
El caso de Ábrego ha generado indignación entre juristas, defensores de derechos humanos y sectores de la comunidad migrante, no sólo por las irregularidades procesales que implica, sino porque sienta un precedente legalmente delicado. Por un lado, pone en entredicho la eficacia de las decisiones judiciales dentro del sistema estadounidense cuando entran en conflicto con decisiones ejecutivas. Por otro, plantea interrogantes sobre la soberanía legal de países receptores como El Salvador, que ahora podrían ser vistos como terceros países seguros aún para quienes nunca fueron condenados ni acusados.
Lo que ha agravado el conflicto es la respuesta del propio Bukele, quien ha optado por respaldar la narrativa del gobierno estadounidense y ha calificado a Ábrego como “terrorista”, sin que exista una investigación penal abierta en su contra dentro del sistema judicial salvadoreño. Esta postura ha sido celebrada por Trump, quien ha usado el encuentro con Bukele como un escaparate político de su endurecida política migratoria en plena campaña presidencial. En paralelo, organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han manifestado su preocupación por lo que consideran una vulneración del derecho internacional de protección al refugiado y del debido proceso.
El caso de Kilmar Ábrego García ha pasado de ser una situación individual a un símbolo de las tensiones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Estados Unidos, y entre los derechos humanos y las políticas migratorias restrictivas que se han intensificado en los últimos años. Su resolución —o la falta de ella— podría tener consecuencias de largo alcance no solo para él y su familia, sino para miles de personas en situación similar. A medida que el caso sigue desarrollándose, queda claro que las decisiones que tomen ambos gobiernos reflejarán su postura no solo frente a la legalidad, sino frente a la dignidad humana.
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