Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha sido catalogado por muchos como un dictador, comparable a otros líderes autoritarios de la región, como Daniel Ortega en Nicaragua. Este análisis puede resultar inquietante, pero es crucial. Desde su ascenso al poder en 2019, Bukele ha concentrado el control del Legislativo, el Judicial y otras instituciones bajo su mando, lo que plantea preocupaciones sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en El Salvador.
Uno de los antecedentes más oscuros de su gobierno es el pacto tácito con las pandillas, que se dice le permitió llegar a la alcaldía de San Salvador en 2015. Este arreglo, aunque mitigó temporalmente los niveles de homicidio, fue reportado por la prensa en repetidas ocasiones. Sin embargo, los detalles se han diluido en la narrativa pública, dado que el presidente ha manejado la información a su favor, impulsando su imagen mientras las críticas aumentan. La realidad es que, a pesar de la publicidad gubernamental que presenta a El Salvador como un modelo de seguridad, el país ocupa el puesto 121 en el Global Peace Index de 2026, muy lejos de ser uno de los más seguros del mundo.
Desde que Bukele asumió el gobierno, su narrativa ha girado en torno a una lucha contra la criminalidad, lo que ha llevado a un “régimen de excepción” que suspendió derechos civiles en 2022, bajo el pretexto de combatir a las pandillas. Según datos recientes, aproximadamente 120 mil civiles habían muerto a manos de estos grupos antes de su mandato. Pero este enfoque ha tenido un costo: las detenciones arbitrarias se han incentivado, y el peligro de la tortura y la desaparición de personas se ha vuelto alarmante, específicamente para aquellos considerados “sospechosos” por las autoridades.
Uno de los casos más críticos es el de Óscar Martínez, un destacado periodista que se vio obligado a huir del país en 2025 tras ser acusado de ser cómplice de ciertos delitos. Su trabajo en “El Faro” expuso las atrocidades dentro de las megacárceles, donde supuestamente se torturaron y mataron a prisioneros. A pesar de las acusaciones, Bukele ha continuado controlando la narrativa a través de la censura y la desinformación, atacando a quienes cuestionan su administración.
Dentro de este contexto, el libro recientemente publicado por Martínez ofrece una mirada crítica a la trayectoria de Bukele. Uno de los puntos centrales es la supuesta eficacia de los pactos con las pandillas, que, aunque lograron reducir homicidios, plantean preguntas sobre la legalidad y ética de las decisiones del mandatario. La violación de la Constitución para buscar una reelección sigue siendo un tema candente, ya que Bukele se ha asegurado una popularidad inusitada que roza el 80%. Sin embargo, la historia está repleta de líderes carismáticos que, bajo un velo de popularidad, han dejado a su paso crisis y represión.
El dilema al que se enfrenta no solo El Salvador, sino también países como México, es preocupante. Las tentaciones de recurrir a la fuerza y la represión bajo la premisa de la seguridad están en auge, incluso cuando la historia demuestra que tales medidas pueden llevar a regímenes autoritarios. La propuesta de replicar el modelo de megacárceles en México, inspirados en El Salvador y defendido por algunos políticos, podría estar llevando a la nación a un peligroso camino.
Las cifras pueden impresionar, pero la historia está llena de advertencias. Los pactos secretos, la violencia, y la inacción ante el abuso de poder son signos que requieren un análisis profundo. Se debe considerar hasta dónde llegará la sociedad en su búsqueda de seguridad, y a qué costo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar derechos fundamentales por una aparente tranquilidad? La respuesta no es sencilla y el futuro se dibuja incierto, marcado por las decisiones y las políticas que se adopten en cada uno de estos contextos.
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