Nayib Bukele ha dado un portazo a la lucha de las mujeres para lograr la legalización del aborto en El Salvador, país con una de las legislaciones más duras sobre el tema en el mundo. El presidente ha informado de que retiró de una propuesta de reforma constitucional que debe discutir la Asamblea Legislativa —que él controla—, la posibilidad de legalizar el aborto terapéutico, la eutanasia y el matrimonio igualitario, una de las luchas que por décadas han mantenido colectivos feministas y LGBTI en Columna Digital centroamericano. “He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida, con el matrimonio o con la eutanasia”, informó este viernes el mandatario.
EL SALVADOR
Bukele acusó a la oposición de “esparcir rumores y una campaña sucia” sobre la reforma constitucional. Según el mandatario fueron sus opositores quienes difundieron la idea de que en el documento preparado por el Gobierno se incluía una agenda abiertamente progresista. “Ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas, por más presiones internacionales que tenga”, ha afirmado el mandatario, haciendo referencia a los organismos internacionales, como Naciones Unidas, que tienen en la mira a su país por sus duras leyes contra las mujeres que abortan.
Un grupo de expertos de la ONU pidió el año pasado al Gobierno que pusiera en libertad a tres mujeres que fueron encarceladas por sufrir durante el embarazo emergencias obstétricas que concluyeron en abortos involuntarios. El organismo las consideraba como “detenciones arbitrarias” y reclamaba a las autoridades salvadoreñas que las indemnizara por los daños ocasionados y que ordenara una investigación exhaustiva e independiente de las detenciones para castigar a los responsables.
Bukele ha defendido la propuesta de reforma constitucional que enviará al Parlamento de su país afirmando que se trata de un texto que garantizar derechos esenciales para los salvadoreños, como el acceso a servicios básicos, pero también a internet, inclusión financiera y pensiones dignas. “Una Constitución que obligue a gobiernos futuros a invertir en salud, educación, tecnología, que pueda proteger nuestros bosques”, ha afirmado el presidente. Sus detractores le acusaron de querer imponer una reforma constitucional para reelegirse, pero la Sala de lo Constitucional, que él instaló el pasado, mayo autorizó a inicios de septiembre su reelección inmediata, prohibida por la actual Constitución.
Tras conocerse la posición del presidente sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia, activistas de derechos humanos reaccionaron contra su decisión. “Dado el contexto de graves retrocesos y ataques a la institucionalidad y el estado de derecho encabezados por el presidente Nayib Bukele, no es sorpresivo este nuevo embate contra los derechos humanos”, ha dicho a Columna Digital Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En un país donde las mujeres y niñas han enfrentado una de las formas más extremas de discriminación y violencia de género, con la total prohibición del aborto, cerrar la posibilidad de una reforma, perpetua las violaciones de derechos humanos contra mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, condenándolas a los eminentes riesgos contra sus sus vidas, su salud y libertad. Asimismo, con los altísimos índices de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+, el evitar el reconocimiento de un derecho básico, como es la igualdad ante la ley, que incluye el matrimonio igualitario, Bukele envíe un nefasto mensaje de retroceso conservador frente a la exigencia de derechos”, ha explicado la activista.
De la misma manera se pronunció José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, para quien “Bukele cultiva una imagen de sí mismo de líder juvenil y moderno en sintonía con las necesidades actuales del país. Sin embargo, sus declaraciones sobre aborto (en un país donde se prohíbe incluso si la vida de la madre está en peligro o si la mujer es víctima de violación) y matrimonio igualitario, demuestran, una vez más, que estamos ante un político retrógrado y autoritario que desprecia los derechos humanos y los valores democráticos”, ha afirmado Vivanco.
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