En el vibrante e incierto escenario de El Salvador, la vida de dos mujeres, Lilian Escobar y Reyna Aguilar, ilustra la dualidad de experiencias que muchos ciudadanos enfrentan en el país tras el Estado de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Mientras que Lilian, dueña de una tienda de lubricantes en Ilobasco, afirma que su negocio prospera gracias a la seguridad mejorada y a la disminución del crimen, Reyna vive con el peso del dolor, tras la muerte de su nieta de 15 meses, quien falleció en prisión junto a su madre, acusada de vínculos con pandillas.
Desde la declaración de este estado de emergencia, el Congreso salvadoreño ha prorrogado la medida 48 veces, lo que implica la suspensión de garantías constitucionales. Más de 91,000 personas han sido detenidas; las pandillas han sido neutralizadas y los homicidios han disminuido, haciendo de El Salvador un país menos violento en comparación con años pasados. Sin embargo, este cambio trae consigo un costo humano significativo; han surgido cientos de alegaciones de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones de derechos humanos dentro de las prisiones.
Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción apunta a la posibilidad de que se estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador. Según este análisis, que se basa en testimonios y documentos oficiales, hay reclamos de encarcelamiento injusto, tortura, asesinato, desaparición forzada y persecución. La comunidad internacional, representada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha sido instada a investigar estas preocupantes afirmaciones y garantizar la responsabilidad del gobierno de Nayib Bukele.
La reacción presidencial no se hizo esperar. Bukele descalificó a los autores del informe, acusándolos de defender a los pandilleros y los delincuentes, mientras que, al mismo tiempo, impulsó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para homicidios, violaciones y terrorismo, a pesar de que esta práctica estaba prohibida por la Constitución desde hace años. En un período de apenas cuatro años, el partido oficialista ha llevado a cabo cambios legislativos que limitan los derechos humanos y el debido proceso, fomentando un ambiente de control absoluto sobre el sistema judicial.
El ex procurador de derechos humanos en El Salvador, David Morales, advirtió que estas reformas han erosionado las garantías procesales, limitando cada vez más la defensa de los detenidos. Esta tendencia se enmarca en una estrategia más amplia: la concentración del poder en el ejecutivo, un hecho visible desde la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021, cuando Bukele tomó control total del tribunal constitucional.
Mientras tanto, la historia de Reyna refleja cómo estas violaciones impactan la vida cotidiana. A pesar de su clamor por justicia y la falta de atención de su defensora pública, el sistema parece haber dejado a muchos en el abandono, convirtiendo el proceso legal en un laberinto inalcanzable.
La situación en El Salvador otorga una perspectiva inquietante sobre cómo un modelo de seguridad puede llevar a la violación de derechos fundamentales bajo la premisa de la protección y el bienestar. Las voces que claman por justicia y una revisión de estas políticas deben ser escuchadas, no solo para El Salvador, sino como un referente para la comunidad internacional que observa cómo se desmoronan los cimientos de un Estado de Derecho en el corazón de Centroamérica.
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