Un intenso sol calienta montones de tierra en la orilla de la laguna de La Habana, a 40 kilómetros al sur de Ciudad de México. Este es un paso crucial en la búsqueda de restos humanos; la tierra debe secarse para que lo que los buscadores encuentren no sea un bloque sólido, sino pequeñas bolitas que se puedan deshacer con los dedos. Entre los que trabajan en este arduo proceso se encuentran madres que buscan a sus hijas, hijos que rastrean a sus padres, y hermanos que anhelan respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos.
En una reciente excavación en Tláhuac, en solo tres semanas, se han descubierto más de 1,400 restos óseos, cuya identificación por ADN podrá arrojar luz sobre alguno de los más de 130,000 desaparecidos en México. Esta labor es parte de un esfuerzo colectivo encabezado por familias que, tras la falta de respuesta del Estado, han tomado la búsqueda en sus propias manos. Jacqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una luz en el camino, destaca que su lucha se convierte en una formación multidisciplinaria: “Nos volvemos abogadas, policías, antropólogas, psicólogas… aprendes a caminar la tierra, a buscar en lugares que no imaginas”.
Palmeros busca a su hija, Montserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 mientras se dirigía a una entrevista de trabajo. Tras rastrear pistas en 23 estados, desde Tijuana hasta Chiapas, encontró restos de su hija en un barranco del Ajusco, en un contexto lleno de negligencia y abandono estatal hacia los familiares de desaparecidos. “El Estado es inoperante y tiene una deuda histórica con las familias. Algunas llevan 30 años sin saber”, afirma.
Las plazas de las ciudades están llenas de carteles con fotografías de los desaparecidos, una forma de visibilizar su dolor. Las madres buscan desesperadamente hacer ruido, incluso organizan actos para llamar la atención durante eventos importantes como el Mundial de Fútbol. Este esfuerzo por dar visibilidad a la tragedia de las desapariciones se alinea con la reciente llegada a México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, quien se reunió con estos colectivos en un momento en que la crisis de los desaparecidos ha acaparado la agenda pública.
El Gobierno, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha rechazado algunos informes de la ONU que documentan el fenómeno de las desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. A pesar de esta resistencia, el reporte señala que las familias son quienes llevan a cabo la mayor parte de las investigaciones, y aunque el Gobierno ha prometido avances en la coordinación de las búsquedas, el camino sigue siendo sumamente complicado y frustrante para las víctimas y sus familiares.
La realidad es que las víctimas a menudo enfrentan peligros ineludibles. En los últimos años, se han documentado 27 asesinatos de buscadoras y tres desapariciones de activistas. La seguridad es una preocupación constante para quienes buscan a sus seres queridos; muchos cuentan con protección policial debido a las amenazas que reciben. Sin embargo, estas medidas no siempre aseguran su seguridad.
Este arduo trabajo en el terreno se desarrolla en el contexto de un sistema que parece desmoronarse ante la crisis de las desapariciones. A pesar de la coordinación reciente entre instituciones y autoridades, el trabajo de búsqueda sigue siendo un desafío monumental. La presión social y la resiliencia de las familias han llevado, en ocasiones, a ganar terreno en sus exigencias, pero la sombra de la impunidad persiste.
Las historias de estas familias reflejan no solo la desesperación y el dolor, sino también una lucha constante por la verdad y la justicia. Mientras algunos han encontrado restos de sus seres queridos, la búsqueda de respuestas continúa, resaltando la necesidad urgente de transformar un sistema que, hasta ahora, sigue fallando en proporcionar el alivio que estas familias merecen. En este contexto, las palabras de Jacqueline Palmeros resuenan fuertes: “Debería haber una respuesta real ante esta crisis”, un llamado a la acción que no puede ser ignorado.
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