Un tribunal militar de la capital burkinesa, Uagadugú, condenó este miércoles a cadena perpetua a Blaise Compaoré, expresidente de Burkina Faso, por su participación en el asesinato de su predecesor Thomas Sankara. Otros dos acusados, el general Gilbert Diendéré y el militar Hyacinthe Kafando, también fueron condenados a perpetuidad. “Es algo que habíamos pedido, justicia y verdad. El juez ha dado su veredicto según la ley y todo el mundo lo agradece”, aseguró a los periodistas presentes en la sala Mariam Sankara, viuda del presidente asesinado en 1987. Con esta sentencia, que los abogados de la defensa pueden recurrir en 15 días, se pone fin a un proceso histórico
La condena se ha hecho pública en ausencia del propio Compaoré pues este se encuentra en el exilio en Costa de Marfil desde que fue derrocado por un alzamiento popular en 2014. Kafando también se encuentra fugado desde 2016, por lo que el único que de momento seguirá en prisión será Diendéré, quien ya cumple una pena de 20 años por haber protagonizado un intento de golpe de Estado en 2015. Los tres fueron condenados por atentado contra la seguridad del Estado, una pena que en los casos de Compaoré y Diendéré se suma a la de complicidad en asesinato y en el caso de Kafando, a quien se considera responsable del comando que ejecutó a Sankara, la de asesinato.
Las tres condenas van más allá incluso de las solicitadas por el fiscal militar instructor del caso, que eran de 30 años de cárcel para Compaoré y Kafando y 20 años para el general Diendéré. El abogado de la familia Sankara, Guy Hervé Kam, mostró su satisfacción tras el veredicto. “Hoy puedo decir que me siento orgulloso de ser burkinés y abogado. Me siento orgulloso de ver la culminación de una batalla legal que ha durado casi 30 años”, comentó a France Presse. Por su parte, Mathieu Somé, letrado de Diendéré, el único de los tres principales acusados presente en la sala, consideró la pena “excesiva” alegando su colaboración con la justicia. De los 11 acusados restantes, ocho fueron condenados a penas de entre tres y 20 años y tres fueron absueltos.
El capitán Thomas Sankara llegó al poder en Burkina Faso en 1983 tras protagonizar un golpe de Estado. Durante los cuatro años que fue presidente del país llevó a cabo un ambicioso plan de reformas que incluyó la nacionalización de tierras y minas, la promoción de la industria local para acabar con la dependencia exterior, amplias campañas de alfabetización, el rechazo a pagar la deuda externa y la promoción del papel de la mujer, una profunda revolución que le llevó incluso a cambiar el nombre de su país, que hasta entonces se denominaba Alto Volta, por el de Burkina Faso, que significa “Columna Digital de los hombres íntegros”.
Durante todo su mandato, Blaise Compaoré fue su amigo, lugarteniente y hombre de confianza. Sin embargo, el 15 de octubre de 1987, un comando militar irrumpió en una reunión en la que participaba Sankara y lo acribilló a balazos junto a 12 de sus colaboradores. Blaise Compaoré, organizador del magnicidio y en ese momento ministro de Justicia, asumió entonces el poder. Durante tres décadas la familia del presidente asesinado intentó en vano llevarle ante los tribunales, pero esto solo ha sido posible después de que en 2014 se produjera un cambio de régimen y el propio Compaoré fuera derrocado por un golpe de Estado posterior a unas revueltas populares.
A sus 71 años, el ex presidente burkinés vive desde entonces en Abiyán junto a su esposa bajo la protección del presidente marfileño Alassane Ouattara, quien le ha concedido la nacionalidad, aunque realiza frecuentes viajes al extranjero por problemas de salud. Durante años intentó negociar un regreso a Burkina Faso, pero el comienzo del juicio en octubre de 2021 alejó sus esperanzas de volver a su país, algo que en este momento parece complicado.
La sentencia del caso Sankara coincide con la liberación del expresidente Roch Marc Christian Kaboré, que tuvo lugar este miércoles, según informaron las autoridades. Kaboré se encontraba detenido en manos de los militares desde el pasado 24 de enero, cuando fue derrocado por un golpe de Estado. Su puesta en libertad era una de las exigencias planteadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para no sancionar a la junta militar que tomó el poder en enero.
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