Cadenas de suministro en México bajo escrutinio por trabajo infantil T-MEC

La capacidad de las empresas para demostrar que sus cadenas de suministro operan libre de trabajo infantil y forzado está adquiriendo suma importancia en el ámbito del comercio internacional. Según Óscar de la Vega, socio del despacho De la Vega y Martínez Rojas, este aspecto no solo es crucial para la participación de México en los mercados globales, sino también para el desarrollo de una economía más justa y competitiva.

A pesar de contar con un marco legal sólido que prohíbe el trabajo infantil —específicamente el empleo de menores de 15 años y estableciendo regulaciones para adolescentes de 15 a 17—, el verdadero desafío en México radica en la aplicación efectiva de estas leyes. De la Vega enfatiza que la vigilancia en sectores vulnerables es esencial para mitigar estos riesgos, lo cual requiere un esfuerzo conjunto que va más allá de la legislación.

Un reciente informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha identificado 204 bienes en 82 países que son producidos mediante trabajo infantil o forzado, manteniendo a México en el centro de la atención, sobre todo en lo que respecta a productos agrícolas como caña de azúcar, jitomate y café. La situación se complica aún más cuando se considera la insuficiencia del número de inspectores laborales: solo 660 para una población laboral que debería contar con al menos 4,035 para una cobertura efectiva.

Este contexto adquiere relevancia particular en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde la verificación laboral en las cadenas de suministro impacta directamente en los acuerdos bilaterales y disputas comerciales. Ante esta realidad, De la Vega opina que la competitividad internacional ya no se mide únicamente por el costo de la mano de obra. Las empresas deben ahora demostrar un compromiso sólido con el respeto por los derechos laborales a lo largo de toda su cadena productiva.

Además, los cambios impulsados por la reforma laboral de 2019 y la implementación del T-MEC han motivado a las multinacionales a adoptar procesos de debida diligencia, guiados por los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las recomendaciones de la OCDE para identificar y gestionar los riesgos en sus proveedores.

Sin embargo, De la Vega advierte que la mera inspección laboral no es suficiente para abordar el problema. Es fundamental fortalecer políticas en educación, protección social y desarrollo económico, ya que estas intervenciones son necesarias para erradicar los factores que facilitan el trabajo infantil y forzado.

Finalmente, cumplir con los estándares en las cadenas productivas no solo es un imperativo legal y moral, sino que también constituye un pilar esencial para las negociaciones comerciales entre México y sus socios. Erradicar el trabajo infantil no solo representa una responsabilidad ética; es una condición indispensable para romper los ciclos de pobreza y fortalecer la competitividad del país en el comercio global.

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