En un reciente acontecimiento electoral en México, se alzan voces que cuestionan la legitimidad del proceso, describiéndolo como un montaje que ha consolidado el capricho de una sola persona a un costo elevado. Este planteamiento parte de la reflexión de quienes han sido testigos de las luchas por la democracia en el país, especialmente durante las décadas de los 80 y 90. La desilusión es palpable ante la aparente convalidación del sistema por parte de casi 13 millones de ciudadanos, quienes han acudido a las urnas en lo que algunos consideran un acto de sumisión ante un atropello.
La crítica no se limita a la participación ciudadana, sino que se extiende a las instituciones encargadas de salvaguardar la transparencia del proceso electoral. El Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) son señalados por haberse dejado influenciar por el poder en lugar de cumplir con su deber de garantizar un proceso justo. Este escenario despierta preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial, recordando un tiempo en el que la designación de jueces y magistrados estaba subordinada al poder ejecutivo, situación que se remonta a la Constitución de 1857 y a figuras históricas como Benito Juárez y Porfirio Díaz.
La historia indica que fue gracias a propuestas como la de Justo Sierra en 1893 que se logró un mayor grado de independencia en el poder judicial, lo que permitió cierta estabilidad y certera administración de justicia. Sin embargo, el sacrificio de esos logros por intereses personales en el presente plantea un panorama sombrío donde la república y la democracia parecen estar en riesgo.
Las desigualdades que han permeado la sociedad mexicana durante siglos son ahora más evidentes, y muchos ciudadanos sienten que su voz no se ve reflejada en las leyes, las cuales, históricamente, han sido forjadas por una élite. Ante esta realidad, se observa que la oferta política se ha convertido en un intercambio de dádivas, donde la lealtad se compra, dejando a la ciudadanía en una posición vulnerable.
Los efectos a largo plazo de estas dinámicas son inciertos pero potencialmente devastadores, ya que podrían afectar las interacciones tanto entre ciudadanos como entre estos y las autoridades. Con el debilitamiento de una justicia imparcial, la fuerza y las relaciones se convierten en los nuevos determinantes de quién se beneficia de la ley. Este desmoronamiento del orden legal podría llevar a un estado de caos y desconfianza, donde el poder se ejerce de manera arbitraria, dejando a los ciudadanos a merced de condiciones desfavorables.
La historia y el presente se entrelazan en un momento crítico, donde las decisiones tomadas hoy podrían definir el rumbo de la democracia en México para las futuras generaciones. La reflexión sobre la lucha por un sistema más justo, transparente y representativo sigue siendo fundamental en estos tiempos de incertidumbre.
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