En las últimas semanas ha quedado claro que el camino a la descarbonización de nuestras economías no será fácil. A pesar de que la población de los países avanzados declara una preocupación creciente por los problemas del cambio climático, se multiplican las protestas ante el aumento de los precios energéticos causados por las políticas climáticas y en algunos lugares empieza a discutirse la acelerada expansión de las renovables.
El fenómeno, que empieza a sentirse con fuerza en España, es generalizado; como botón de muestra, el resultado negativo del referéndum suizo del pasado domingo sobre la ley de cambio climático, avalada por casi todas las fuerzas políticas. Aunque son muchos los factores que explican la disparidad entre deseos y praxis de la población, sin duda las cuestiones distributivas (quiénes, aparentemente, se benefician y quiénes asumen los costes de la transición) juegan un papel fundamental.
No deja de sorprender que la solución a un problema esencialmente distributivo como el cambio climático, causado por las mayores emisiones de los más pudientes y sufrido por los que menos tienen por su menor capacidad de adaptación (entre países y dentro de cada país), acabe siendo obstaculizada precisamente por cuestiones de equidad.
Particularmente porque sabemos que los costes de mitigación del cambio climático son modestos en conjunto, ya que la aparición de nuevos sectores y actividades compensa los daños al tejido productivo actual y, desde luego, están muy alejados de los inmensos costes de no afrontar este problema y otros fenómenos ambientales asociados a la combustión fósil. ¿Cuál es el escollo entonces? Tan simple como que esos favorables cálculos agregados esconden la concentración de los costes en grupos específicos, de ciertos territorios, actividades o niveles de renta.
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También es sorprendente que encontremos estas piedras en el camino precisamente en la salida de la crisis pandémica, que supuestamente iba a ser verde. O no: en este momento se juntan las heridas del coronavirus que, de nuevo, ha afectado más a los que menos tienen, con una intensificación de las políticas climáticas que haga posible el cumplimiento de los ambiciosos objetivos acordados en París en 2015.
Estamos, al fin, pasando de las palabras a los hechos y por ello comienzan a manifestarse las disrupciones asociadas a un proceso de cambio estructural. Desgraciadamente, el margen de maniobra para afrontar el problema climático y conseguir los objetivos acordados se hace cada vez más pequeño y paralizar ahora las políticas correctoras que faciliten la transición, algo que hemos visto en España durante demasiado tiempo, no es una opción. No lo es desde el punto de vista ambiental, ni económico, ni sobre todo de equidad social. No podemos permitir que la bola de nieve crezca más y haga imposible su gestión a unos costes socioeconómicos razonables.
En este contexto, ¿cómo diseñar una hoja de ruta que salvaguarde la transición y sea aceptable socialmente? En primer lugar, aprovechando el viento favorable de cola: las alternativas de mitigación climática —renovables implantadas de forma ordenada y sostenible, baterías o productos eficientes energéticamente— son cada vez más baratas.
Además, las grandes economías del planeta están empezando a alinear sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y esto limitará los efectos perniciosos sobre la competitividad. En segundo lugar, es imprescindible minimizar los costes de la política climática para así reducir también sus costes distributivos. Sabemos que opciones descentralizadas, como los precios de carbono, son altamente coste-efectivas y por ello debemos seguir apostando por ellas.
