Chile termina una etapa y abre otra con la llegada a La Moneda de Gabriel Boric. Con el definitivo entierro de la dictadura de Augusto Pinochet, empieza también el proceso de renovación generacional y político más prometedor de América Latina. Las políticas neoliberales que amparó y fomentó la Constitución creada bajo la dictadura dan paso ahora a una suerte de laboratorio de una izquierda que rompe con muchos dogmas del pasado. El nuevo Gobierno es hijo de las movilizaciones que vivió Chile en 2019 y responde a una amplia demanda social para dotar al Estado del papel que no ha tenido, en particular en aspectos tan fundamentales como la educación y la salud. Las elevadas expectativas que el nuevo Gobierno abrió ayer pueden ser parte de su mayor riesgo, pero tampoco hay duda de que el tiempo que dure la recién estrenada presidencia se pondrá a prueba la capacidad de un grupo de políticos jóvenes (Boric tiene 36 años) y sin mucha experiencia ejecutiva para impulsar respuestas de calado.
Uno de los desafíos transversales que afronta es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en un país con una fuerte carga machista. El mensaje que ha emitido Boric desde la misma constitución de su Gobierno es rotundo y poderoso al ir por delante de su propia sociedad. El Gabinete lo formarán 10 hombres y 14 mujeres y no en carteras periféricas sino insertas en el círculo del poder. La ministra de Interior, Izkia Siches, será la cara visible de este cambio. Médica de profesión, Siches lideró desde el Colegio Médico la lucha no oficial contra la pandemia. También hay mujeres al frente de la Cancillería, Defensa, Salud, Portavocía y el Ministerio de la Mujer, que pasa de ser una cartera minúscula a tener su despacho a pocos metros del presidente en La Moneda.
El proceso no está libre de obstáculos pese a la ilusión que lo impulsa. Chile vivirá también los efectos que la guerra de Ucrania va a dejar en la economía mundial, además de sus propios problemas. Arrecia la inflación y el Gobierno debate cómo ayudar a aquellos que padecieron los efectos más destructivos de la pandemia. Tendrá que lidiar también con las expectativas de un electorado ansioso de cambios inmediatos y que reclama que el Estado garantice la gratuidad de servicios básicos, además de un nuevo sistema de pensiones, hoy administrado por el sector privado. Este Gobierno une su suerte de forma inevitable a la de la convención que redacta una nueva Constitución. Deberá ser votada a mediados de año y un resultado adverso o una aprobación por la mínima podrían resultar fatales para el Gobierno. De ser así, la movilización que hace dos años sacó a cientos de miles de chilenos regresará con la rabia y la fuerza de la oportunidad perdida. Ayer empezó el presidente Boric el camino para impedirlo.
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