El pasado 20 de enero de 2026, entró en vigor la Ley General de la Economía Circular (LGEC), un paso importante hacia la conservación del medio ambiente en México. Esta legislación busca implementar políticas y mecanismos que prolonguen la vida útil de los productos y minimicen, recuperen y valoricen los residuos. Sin embargo, a pesar de ser un avance significativo, expertos advierten que la ley enfrenta desafíos considerables para transformar el modelo económico del país.
La economía circular, como explica el Dr. David Pérez Castillo, profesor del Tecnológico de Monterrey, no se limita al reciclaje o la gestión de residuos. Su fundamento radica en un cambio profundo del modelo de desarrollo que prevenga el daño ambiental. Esto implica ajustar incentivos económicos y diseñar productos desde su origen, asegurando que sean pensados para evitar que terminen en la basura. De acuerdo con Pérez, el objetivo es fomentar una economía que beneficie tanto al planeta como a las personas.
Por primera vez, México cuenta con un marco vinculante en torno a la economía circular. Esta ley introduce obligaciones claras para empresas y autoridades, destacando el artículo 36, que establece que los sectores productivos deben generar productos con diseño circular y aplicar principios de responsabilidad extendida del productor. Esto significa que la obligación de gestionar residuos no se limita al final de la vida útil del producto, sino que se extiende a las etapas de concepción y diseño, considerando aspectos como la duración del producto, el uso de materiales reciclables y la reducción de la huella ambiental.
Entre los puntos más relevantes de la LGEC se encuentra la responsabilidad extendida del productor, que estipula que las empresas son responsables de los residuos que generan. Por ejemplo, si una industria produce diez toneladas de plástico, deberá recuperar una cantidad equivalente, buscando reintegrar este material al ciclo productivo. Además, se promueve el diseño circular y se incentiva la valorización de residuos, tratando de que no se conviertan en desechos, sino que adquieran un nuevo valor desde su creación.
A pesar de estos avances, se plantea que la ley se ha centrado demasiado en el manejo de residuos y no tanto en su reducción desde el diseño, ni en la creación de incentivos fiscales que faciliten una transición hacia tecnologías más limpias.
Aunque la ley no otorga atribuciones directas a los ciudadanos, busca un beneficio colectivo al obligar a las industrias a hacerse cargo de su impacto ambiental. Por un lado, se espera que al responsabilizar a las empresas de recuperar el material que generan, se reduzca la contaminación en ríos y espacios públicos, aliviando así la carga sobre la ciudadanía y el gobierno. Por otro lado, se hace un llamado a la corresponsabilidad, impulsando a los ciudadanos a acatar normativas y a integrar prácticas como la separación de residuos en su vida cotidiana.
Finalmente, el profesor David Pérez enfatiza que el éxito de esta transición depende de que la economía circular recupere su significado original, constituyendo un cambio sistémico. Así, invita a los redactores de la ley a ir más allá de la mera gestión de residuos e incluir incentivos económicos de mayor alcance. La ciudadanía también debe ser parte activa en este proceso, ya que, aunque la ley tenga fallas, avanzar hacia la sustentabilidad es una necesidad urgente para el bienestar de todos.
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