Canadá negocia con EE. UU. por aranceles.

El 21 de agosto de 2026 a las 7:36 p.m. EST, Canadá y Estados Unidos se adentraron en un momento crucial en sus relaciones comerciales. En el corazón de la negociación, la presión de un ultimátum arancelario que el entonces presidente Donald Trump había impuesto sobre productos canadienses, cuyo valor alcanzaría los 20.000 millones de dólares, amenazaba con activar un gravamen del 50% a partir de la madrugada siguiente.

El entorno político estaba cargado, y las partes se reunieron en Washington. Del lado canadiense, el ministro responsable del comercio, Dominic LeBlanc, se presentó con el respaldo de Janice Charette, jefa negociadora de su país, y Marc-André Blanchard, jefe de gabinete del primer ministro Mark Carney. Juntos, buscaron resolver los puntos finales de un acuerdo que, según las recientes declaraciones de ambos gobiernos, estaba próximo a concretarse.

LeBlanc, tras una sesión de más de tres horas con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, expresó que estaban “muy cerca” de un pacto, aunque aún existían asuntos por afinar. Trump, por su parte, había afirmado que se había alcanzado un entendimiento, quedando solo detalles técnicos por definir, mientras que Carney adoptaba un enfoque más cauteloso al hablar de “progresos sustanciales”.

La Casa Blanca, consciente de la tensión del momento, decidió extender por tres días la entrada en vigor de los aranceles, brindando tiempo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, si las partes no lograban un entendimiento antes de las 00:01 horas del sábado en Washington, los nuevos gravámenes se activarían, generando un impacto inmediato en las exportaciones canadienses.

Entre los temas destacados en las negociaciones se encontraba la propuesta de reducir un arancel del 25% sobre los automóviles fabricados en Canadá a un 15%. Mientras tanto, Ottawa buscaba que toda la porción de contenido estadounidense de los vehículos quedara libre de aranceles, una concesión que Washington no estaba dispuesto a aceptar.

Otro aspecto crucial fue la discusión sobre metales, donde se contemplaba reducir los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses del 50% al 25%. Esta medida, sin embargo, incluiría un sistema de cuotas, dejando a la industria canadiense, especialmente en Ontario, con ciertas preocupaciones respecto a posibles efectos adversos.

Como contraparte a estas reducciones de tarifas, la administración Trump demandó concesiones claras de Ottawa. Entre sus requerimientos figuraban modificaciones en las licencias de importación de productos lácteos, la eliminación de los aranceles canadienses sobre automóviles estadounidenses y la inclusión de bebidas alcohólicas estadounidenses en las tiendas administradas por provincias canadienses.

La presión aumentó sobre el primer ministro Carney, quien trasladó la responsabilidad de esta negociación a los gobiernos provinciales, pidiéndoles que levantaran el boicot al alcohol estadounidense y discutieran la inclusión de empresas estadounidenses en procesos de compras públicas. Este pedido, sin embargo, encontró resistencia interna, exponiendo el delicado equilibrio que debía mantener: la necesidad de cerrar un acuerdo con Estados Unidos contra el costo político que podría suponer ceder en asuntos sensibles.

A medida que avanzaban las horas, el desenlace de esta crucial negociación se aproximaba, y el futuro comercial entre ambos países pendía de un hilo.

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