Kenneth Law, un canadiense de 60 años, se declaró culpable de 14 cargos de complicidad en suicidios ante una corte de Ontario. Este exingeniero y cocinero admitió haber vendido “kits para suicidarse” a personas en más de 40 países, resultando en la trágica muerte de decenas de individuos tras el envío de sustancias letales por internet. La audiencia se llevó a cabo al norte de Toronto y, tras un acuerdo de culpabilidad, la fiscalía retiró los cargos de asesinato inicialmente presentados. La sentencia se dictará en septiembre.
La ley canadiense estipula que la asistencia al suicidio puede acarrear hasta 14 años de prisión. Law operaba varios sitios web desde 2020, mercadeando productos químicos tóxicos y equipos que, según investigaciones, se utilizaron en 14 muertes confirmadas en Canadá. Su caso ha captado la atención internacional debido a los envíos detectados en países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Australia y Nueva Zelanda.
De acuerdo con las autoridades, Law envió más de 1.200 paquetes, de los cuales cerca de 160 fueron dentro de Canadá y más de un centenar al Reino Unido. Las familias de las víctimas han expresado indignación por la falta de cargos de asesinato. David Parfett, padre de un joven de 22 años del Reino Unido que falleció tras consumir una sustancia adquirida a través de los sitios de Law, manifestó que, de no haber recibido instrucciones detalladas sobre el suicidio, su hijo probablemente seguiría vivo.
Durante la audiencia, los testimonios de familiares revelaron el dolor y las circunstancias devastadoras de estas muertes. Un joven británico, tras ingerir la sustancia, contactó a emergencias y expresó su arrepentimiento, pero no logró sobrevivir. Las edades de las víctimas en Canadá variaron entre 16 y 36 años. Law empleaba productos como la sal de nitrito, legal en pequeñas cantidades como conservante alimentario, pero letal en dosis altas, para disimular su actividad como comercio legítimo.
La investigación sobre Law comenzó este año después de que un reportaje revelara la existencia de sus sitios y la venta internacional de sustancias peligrosas. Un periodista encubierto se comunicó con el acusado y recibió instrucciones específicas para el uso de los productos, lo que llevó a la detección de transacciones por casi 300,000 dólares canadienses.
La próxima audiencia en septiembre escuchará nuevamente las declaraciones de las víctimas y sus familias antes de que se determine la sentencia. Los ecos de este caso resuenan en un contexto donde la lucha contra el suicidio y la regulación del comercio de sustancias peligrosas se ha vuelto más crucial que nunca.
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