La reciente iniciativa para implementar un etiquetado o sello distintivo en los medicamentos adquiridos por el sector público ha suscitado preocupaciones dentro de la industria farmacéutica. Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), advierte que esta medida podría complicar significativamente los procesos de producción, e incluso resultar inviable para ciertos productos debido a las limitaciones de espacio en sus envases.
Durante las actuales mesas de trabajo entre representantes del sector farmacéutico y autoridades federales, Gual ha enfatizado los retos que implicaría esta nueva normativa. “El etiquetado adicional complicaría mucho el proceso de producción,” afirmó, sugiriendo que en algunos casos podría ser imposible aplicar el sello por el tamaño de las presentaciones. Este aspecto debe ser cuidadosamente discutido con el gobierno para encontrar soluciones viables.
La presidenta del gobierno federal, Claudia Sheinbaum, también abordó el asunto en su reciente conferencia matutina. Aseguró que el objetivo detrás del etiquetado es prevenir la comercialización ilegal de medicamentos, que actualmente ocurre fuera de hospitales y centros de salud. “La idea es que no haya venta de medicamentos en lugares donde no debe haber,” subrayó Sheinbaum, aludiendo a casos de corrupción que facilitan la distribución incorrecta de fármacos adquiridos por el gobierno.
A pesar de los desafíos, Gual ha manifestado la disposición del sector farmacéutico para colaborar con el gobierno en la búsqueda de alternativas que minimicen la venta ilegal. “Si es un tema de desvío de productos, hay otros sistemas mucho más eficientes que se pueden implementar,” sostuvo.
En otro punto, Gual señaló que el gobierno federal ha avanzado en el pago de adeudos a la industria farmacéutica, aunque el proceso aún está en marcha. Tras mesas de conciliación con el IMSS-Bienestar, se han conciliado cerca de 7,000 millones de pesos correspondientes al pago de facturas de 2025, con los recursos a punto de ser liberados por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, destacó que existen adeudos pendientes de 2022, 2023 y 2024, estimados en aproximadamente 4,000 millones de pesos.
En el contexto de la próxima compra consolidada de medicamentos e insumos para el sector salud, Gual afirmó que ha habido una mejora en la coordinación con las autoridades y se cuenta con tiempo suficiente para planificar estas adquisiciones. Esto es crucial para garantizar el suministro de medicamentos a partir de enero de 2027. “Ha habido muy buen diálogo con el subsecretario Eduardo Clark,” explicó, señalando que se han aprendido lecciones valiosas. Sin embargo, aún hay temas por discutir para asegurar una transición fluida.
Con estas iniciativas, se busca no solo mejorar la producción y distribución de medicamentos, sino también establecer un sistema más transparente y eficiente en el sector salud en México. La industria farmacéutica y el gobierno se encuentran en la búsqueda de un equilibrio que beneficie a todos los involucrados.
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