En Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo una operación destacada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Secretaría de Marina (Semar). Esta acción culminó en la detención de Jesús Guzmán Castro, conocido como “Chuy” o “Narizón”, a quien se le vincula con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción Los Mayos.
El individuo contaba con una orden de aprehensión emitida en México que tiene fines de extradición hacia Estados Unidos, donde es acusado de conspiración y distribución de cocaína. Además, enfrenta graves cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según un comunicado conjunto de las autoridades federales.
La detención tuvo lugar en la colonia La Campiña, en la avenida Los Álamos, tras un seguimiento minucioso de sus movimientos. Las fuerzas del orden lograron ubicarse en varios inmuebles relacionados con el presunto delincuente. Tras confirmar su identidad, la operación se realizó sin incidentes, y Guzmán Castro fue informado del motivo de su captura, se le leyeron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación legal.
Este operativo fue coordinado con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que resalta la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico.
En un esfuerzo complementario, en una zona diferente de la misma entidad, específicamente en Cosalá, elementos del Ejército Mexicano lograron inhabilitar tres áreas dedicadas a la concentración de material para la producción de metanfetamina, confiscando 1,550 litros de sustancias utilizadas en su elaboración, así como dos reactores y un condensador. Las autoridades apuntaron que esta operación causó un impacto económico estimado en 33 millones de pesos para las organizaciones criminales.
Este despliegue de fuerza y coordinación interinstitucional no solo subraya la determinación de las autoridades para combatir el narcotráfico, sino que también resalta la complejidad y el riesgo que implica enfrentar a estructuras del crimen organizado en el país. La situación, marcada por la violencia y el narcotráfico, sigue siendo un desafío considerable para la seguridad pública en México.
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