Si hace dos años Tapachula (Chiapas) se había convertido en una olla a presión, este sábado sucedió lo inevitable. La desesperación de los migrantes atrapados en la capital del sur de México reventó las frágiles costuras territoriales con las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretendía “contener” una crisis que desde hace años se ha salido de control. La normativa de encerrar en un mismo Estado sureño a todos los que llegan, mientras las autoridades desbordadas resuelven —durante más de seis meses— sus trámites de asilo, ha provocado la primera caravana que ha nacido no en Centroamérica, como era habitual, sino en el mismo México. Y el país se encuentra de nuevo acorralado ante las presiones de Estados Unidos y el bombeo migrante que empuja desde el sur.
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Haitianos, congoleños, cameruneses, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, y en general, todo aquel que busca su destino por tierra hacia Estados Unidos, decidieron emprender una marcha conjunta hacia el norte este sábado, ante la incapacidad de las autoridades mexicanas de ofrecerles otra salida. La caravana que rompió el dique chiapaneco se topó con cientos de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios de Migración que organizaron una cacería para capturar al mayor número de migrantes posible. El objetivo: no salir de Chiapas.
Uno de los funcionarios de Migración pisaba la cabeza de un migrante que trataba de huir; otro arrastraba al suelo a un hombre ante el espanto y las súplicas de auxilio de un niño que iba con él. Las imágenes del despliegue del Gobierno de López Obrador se replicaron en redes sociales, mientras el canciller, Marcelo Ebrard, celebraba la llegada del tercer grupo de refugiados afganos, la mayoría periodistas y sus familias que colaboraron con medios de Estados Unidos. La paradoja se encontraba en el texto del comunicado oficial: “La recepción de personas de Afganistán es una decisión política del Estado mexicano y realizada en total apego con la tradición histórica de asistencia humanitaria de nuestro país”.
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Dos de los que participaron en el operativo del sábado han sido suspendidos de sus funciones, según ha informado el Instituto este lunes. Las críticas a la crisis migratoria provinieron además por el hecho de que ningún funcionario de Migración puede detener a un migrante. Migrar no es un delito. En este caso, huir de Chiapas se considera una falta administrativa. La estrategia ha sido defendida, no obstante, por el presidente como una “contención” necesaria. “Sí, vamos a seguir conteniendo, pero hay que buscar soluciones de fondo, estructurales y también Estados Unidos tiene que dar becas y tiene que permitir visas temporales de trabajo para Centroamérica y no les afecta en nada, porque se necesita en Estados Unidos la fuerza de trabajo”, respondió López Obrador desviando el tema principal.
Las solicitudes de asilo en México se han disparado desde 2019. Especialmente desde que las presiones de Donald Trump a López Obrador por frenar la migración convirtieran al país no solo en un enorme muro, sino en una sala de espera para cualquier decisión de los tribunales estadounidenses sobre su calidad de refugiados. Esto se debe a un acuerdo que firmaron ambos países, conocido como Remain in Mexico (Quédate en México) y que continúa incluso con la novedad por la pandemia de las devoluciones en caliente, amparadas en el Título 42 estadounidense, que les permite, como ha sucedido, enviar vía aérea al sur de México a migrantes centroamericanos arrestados en territorio estadounidense.
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Hay algo común en todos ellos y es que, pese a ser calificados despectivamente como “sin papeles”, miles acarrean carpetas completas con sus expedientes e historias trágicas de vida para presentar a las autoridades migratorias primero y después, a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). El hambre, la violencia, el derecho humano básico de sobrevivir en otro país, los empuja a tramitar un recurso que se ha desvirtuado: el asilo. La mayoría de ellos, ante la incapacidad y el cansancio de continuar la batalla hacia el norte —pues no cabe duda de que la inmensa mayoría de ellos sueña con alcanzar Estados Unidos— asume que la primera parada en México pasa por conseguir un papel que les retire su condición de parias, que los reconozca como ciudadanos de algún lugar. Y así, seguir avanzando. El asilo es solo un instrumento útil para dejar de ser perseguidos. Pues aunque hay excepciones, no todos se plantean hacer vida en este país.
Si entre 2019 y 2020 las solicitudes de asilo habían batido récords, en los primeros meses de este 2021 ya se han pulverizado todas las estadísticas anteriores. Solo hasta junio, la Comar recibió 51.654 peticiones, de las cuales 35.669 se tramitaron en la capital del sur Tapachula. Esta ciudad a media hora en coche de la frontera con Guatemala es el punto de llegada más seguro y habitual, pues es el núcleo urbano más grande de toda la franja sur. Es en esta localidad donde la Comar atiende desbordada a miles de migrantes que llegan de todas partes del mundo y donde el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) tiene su oficina principal. Pero también donde los trámites, que deben durar un máximo de tres meses, se extienden a más de un año para muchos casos, según los testimonios de los migrantes recogidos por este diario.
