Los centros penitenciarios de México han alcanzado un nuevo récord en el número de ingresos, con 157,457 personas registradas en 2025, lo que representa un aumento del 19.2% en comparación con el año anterior. Sin embargo, este incremento se produce en un contexto alarmante: el presupuesto ejercido por el sistema es el segundo más bajo desde 2021, y el número de personal trabajando en estas instituciones también ha caído a su nivel más bajo en cuatro años.
El inicio de 2026 reveló que la población carcelaria estaba sobrepoblada en un 112.8%. Según datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) del Inegi, 15,579 de los nuevos ingresos fueron adultos, mientras que 1,878 correspondieron a adolescentes. De estos, 2,693 fueron enviados a centros penitenciarios federales, y 154,764 a estatales. Baja California lideró las cifras de recepción con 21,062 ingresos, seguido por el Estado de México y Sonora.
Un dato destacado es que, de los recién ingresados, un 76.2% no tenía antecedentes penales, lo que subraya la complejidad del sistema judicial actual. Esto se refleja aún más entre las mujeres, de las cuales solo el 12.7% presentaba registros previos, en contraste con el 22.1% de los hombres.
A pesar del creciente número de reclusos, el personal de las cárceles estatales ha disminuido a 33,337, marcando el segundo año consecutivo de caída. La asignación presupuestaria para el sistema penitenciario fue de 29,448.2 millones de pesos, con un 46.7% destinado a operaciones en centros federales y el 53.3% a estatales, siendo el Estado de México el que concentró el 23.7% del gasto.
La saturación de los espacios carcelarios es crítica, con una capacidad instalada de 205,170 lugares frente a una población que supera esta cifra. La tasa de ocupación alcanzó 119.2 en centros estatales y solo 72.4 en federales. Nayarit y el Estado de México lideran la lista de saturación, superando las 250 personas por cada 100 espacios.
En lo que respecta a las salidas, un total de 136,535 personas dejó las cárceles en 2025, con Baja California y el Estado de México en los primeros lugares de egresos. Este flujo de salidas contrasta con el crecimiento de ingresos, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad y la naturaleza del sistema penal en el país.
Mientras el sistema enfrenta estos retos, la trayectoria hacia una reforma estructural parece más urgente que nunca. Es crucial abordar la sobrepoblación y la escasez de recursos en un contexto donde el crecimiento de la población reclusa no cesa, y el bienestar de tanto internos como del personal que trabaja en estas instituciones se ve comprometido diariamente.
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