Carles Puigdemont afirmó el 25 de octubre de 2017 que no quería ser el presidente de Freedonia. El expresidente de la Generalitat recurrió a la república imaginaria de Sopa de Ganso, la película cómica de los hermanos Marx, para justificar que avanzaría elecciones autonómicas en vez de declarar la independencia de Cataluña. No había nada preparado para materializar la separación de España, admitió en una tensa reunión en la que anunció su decisión a los miembros de su Ejecutivo y a los representantes de las entidades que movilizaban a las bases del nacionalismo catalán. El president cambió finalmente de opinión y el Parlamento declaró el 27 de octubre la frustrada independencia unilateral.
Cuatro años después, Puigdemont reside en Bélgica ―adonde huyó para no ser juzgado― y preside lo que él llama el “Gobierno legítimo” de Cataluña, encarnado en el Consell per la República, una entidad privada sin ninguna responsabilidad institucional pública que votó este fin de semana a los miembros de su Asamblea de representantes.
Me rehusó a ser un presidente
“No quiero ser el presidente virtual de un país virtual. Me niego a ir por el mundo repartiendo tarjetas de una república inexistente”. Esta fue la explicación de Puigdemont en las vísperas de la declaración de independencia, según han hecho público varios testigos de aquella reunión, como el exconsejero de Cultura Santi Vila. El Consell se constituyó en 2018 y se presenta como la representación auténtica de la soberanía de Cataluña después de que el Gobierno central cesara en octubre de 2017 a la Ejecutiva de Puigdemont e interviniera la Generalitat a partir del artículo 155 de la Constitución. La sede del Consell es la Casa de la República, la vivienda en Waterloo, Bélgica, donde reside Puigdemont. El Consell informa que se financia a partir de las cuotas de sus más de 100.000 miembros, de donaciones privadas, sobre todo asociaciones nacionalistas y altos cargos de Junts.
22.584 personas, el 26% del censo formado por sus socios, votó por internet entre el viernes y el domingo a los representantes que ocuparán los 121 escaños de su Asamblea, su parlamento. 81 de estos diputados serán ciudadanos de a pie y 40 serán cargos electos. Se presentaron 525 candidatos, de los cuales 72 son políticos que ocupan cargos públicos. De los políticos que se han postulado para ser representantes en esta asamblea, un 75% son miembros de Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, y solo un 5% —cuatro candidatos— son de Esquerra Republicana (ERC). El resto son, sobre todo, concejales independientes y de partidos locales, aunque también los hay de la CUP.
Los ciudadanos se hacen presentes en la Asamblea
Gran parte de los ciudadanos que se presentaron un escaño de la Asamblea son afines a Puigdemont, según podía leerse en sus escritos de presentación; era el caso del primer nombre que aparecía en las listas de candidatos, el de Abigail Monells, gestora del centro cultural de Barcelona Espai Mallorca: “Soy de Junts per Catalunya porque no hay otro remedio. ¡CDR siempre!”. Monells era candidata en el distrito electoral del Vallès Occidental, como Montserrat Trullàs, concejal de Junts “en una ciudad difícil, Terrassa”, afirmaba, sin especificar por qué es Terrassa difícil. “Quiero trabajar desde el Consell per la República porque es el embrión del futuro Estado de los catalanes”, “añadía Monells, “la forma de ser en el mundo de este país con mil años de historia y mil años más de futuro por delante”.
En noviembre será elegido al presidente del Consell
La Asamblea elegirá a mediados de noviembre al presidente del Consell y este, a su vez, nombrará “a los miembros de su Gobierno”. La presidencia ya la ostenta Puigdemont y es improbable que se presente otra persona para relevarlo. El pasado martes se celebró en Barcelona un debate entre candidatos del distrito de Ciutat Vella al parlamento del Consell. El público lo conformaban un centenar de personas, la práctica totalidad por encima de la edad de jubilación, tal y como reconoció uno de los candidatos, Salvador Mangado: “Aquí falta gente joven. Uno de los retos de la Asamblea es atraer a gente joven”. Los 14 candidatos que participaron en el debate aseguraron que, si eran elegidos, votarán a favor de que Puigdemont sea investido presidente. “Él es el presidente legítimo y debe ser él el presidente de esta nación digital”, razonó el candidato Antoni Rodríguez.
El Consell per la República fue el principal escollo en las negociaciones para formar la coalición entre ERC y Junts que llevó a Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat. Junts reclamó que la estrategia de la Generalitat para alcanzar la autodeterminación, así como las negociaciones con el Gobierno central en la mesa de diálogo, se acordaran con el Consell per la República. Esta exigencia fue considerada por ERC como un intento de tutelar la presidencia de Aragonès. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual el Consell debería reformularse para ser “un espacio de coordinación, consenso y dirección estratégica del independentismo”.
Críticas a ERC
Pese al pacto, entre la cúpula del Consell y ERC predomina la desconfianza. Puigdemont escribió en Twitter la semana pasada, en una referencia velada a la estrategia moderada y contraria a la unilateralidad de ERC: “Hace cuatro años que declaramos la independencia de Cataluña en el Parlament. Llevamos cuatro años defendiéndola de los que la querrían borrar”. Los partidarios de Puigdemont son beligerantes con ERC. Hablando del presidente de esta formación, Oriol Junqueras, el candidato Rodríguez afirmó en el debate que su paso por prisión le descartaba como un buen líder: “Como decía el Sun Tzu, no sigas a un general que ha sido apresado por el enemigo”. Entre los candidatos tomó la palabra Pep Centelles, militante del partido de Junqueras, que pidió que el Consell no se convierta “en un grupo de amigos que se dedican a llamar botiflers [traidores] a los de ERC”.
Uno de los platos fuertes del acto electoral de Ciutat Vella fue el análisis del documento “Preparémonos”, un informe elaborado por el Consell en el que se establecen las líneas maestras de la que debe ser su función: preparar al independentismo para cuando tenga que volver a probar la independencia unilateral. “La calle no puede estar atada a la actuación del Govern y a las instituciones catalanas, sujetas a una arquitectura autonómica centralizada”, reza el documento. Algunas de las propuestas sugeridas en este sentido por los candidatos fueron desde “la toma de control del territorio” a la sustitución de los mandos de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica. “Tenemos que saber con qué soldados contamos en esta guerra”, dijo Rosa Maria Figueras. Estas serán las decisiones que debatirá a partir de noviembre el parlamento paralelo del nacionalismo catalán.
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