Carlos Treviño, exdirector de Pemex, faltó a su audiencia inicial en la que iba a ser imputado por supuestos sobornos recibidos por el contrato de la planta de Etileno XXI al considerar que “no hay condiciones de legalidad y seguridad jurídica que garanticen un juicio justo”.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), fue alrededor de las 16:00 horas cuando se presentó una carta ante el juez Daniel Ramírez Peña, del Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano”, en el que se le comunicó que ni Treviño ni su defensa legal comparecerían en la audiencia.
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“Lo anterior, en virtud de que está pendiente de resolverse la competencia por inhibitoria tramitada ante el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) en el Reclusorio Norte”, con la que Treviño busca que sea el juez Marco Antonio Fuerte quien lleve su caso.
Por ello, la defensa del exdirectivo argumentó su ausencia bajo el dicho de que no se puede asistir a una audiencia sin un fallo que declaré quién será el juez competente en el caso.
“Asistir a la audiencia implicaría, por un lado, consentir que su Señoría es legalmente competente para conocer de los hechos que se imputan a mi defendido sin esperar que esta cuestión se resuelva legalmente”, indica la carta firmada por Óscar Zamudio, abogado de Treviño.
El pasado 25 de agosto el juez Ramírez Peña aceptó aplazar la audiencia, luego de que la defensa del exfuncionario argumentó no contar con la carpeta de investigación y se le notificó con poca anticipación, razón por la que reprogramó la sesión para el día de hoy.
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Al respecto el CJF informó que está pendiente de resolverse la competencia del caso puesto que el juez Ramírez Peña reiteró su participación en el caso, por lo cual Treviño interpuso juicio de amparo, el cual fue desechado. “Contra ese desechamiento, (Treviño) promovió recurso de revisión, respecto del cual no se ha pronunciado el Tribunal colegiado de circuito (TCC)”, señaló.
Por esta falta, el juez multó con 50 UMAS (Unidad de Medida de Actualización) a la defensa del exfuncionario, que equivale a más de cuatro mil pesos.
Es la Fiscalía General de la República (FGR) quien buscaba imputarle a Treviño los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una declaración de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien lo acusó de haber participado el supuesto esquema de corrupción de Odebrecht para la aprobación de las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Además, busca imputarlo por las declaraciones de Norberto Gallardo, ex jefe de escoltas de Lozoya, que declaró a la FGR que él llevó personalmente cuatro millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México, como parte de supuestos sobornos al exdirectivo.
