Un reciente informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrojado luz sobre un caso alarmante que involucra a un hacker trabajando para el cártel de Sinaloa. Este cibercriminal logró obtener registros telefónicos de un funcionario del FBI en México, facilitando así el rastreo y, en última instancia, el asesinato de informantes de la agencia en el año 2018.
La auditoría, realizada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, destaca los cuidados que el FBI ha tenido que adoptar para mitigar los riesgos derivados de la “vigilancia técnica ubicua”. Este término se refiere a la creciente disponibilidad de cámaras de vigilancia y a la comercialización de datos personales, que incluye información sobre comunicaciones, desplazamientos y ubicación geográfica.
El hacker, que operaba para el infame cártel liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, utilizó su destreza para identificar a un agregado legal asistente del FBI en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. A través del número de teléfono de este funcionario, pudo acceder a un amplio rango de datos, incluyendo llamadas y geolocalización.
Utilizando un ingenioso sistema de cámaras de vigilancia que cubre extensas áreas de la capital mexicana, el hacker logró seguir al funcionario por la ciudad y determinar con quién se encontraba. Esta información fue devastadora: el cártel utilizó esos datos para intimidar e incluso asesinar a potenciales testigos o colaboradores que pudieran poner en peligro sus operaciones.
El informe del Departamento de Justicia no divulga la identidad del hacker, del funcionario del FBI ni de las víctimas implicadas. La embajada estadounidense en México derivó las consultas a otras autoridades, que en el momento de la publicación no ofrecieron comentarios adicionales.
Este incidente pone de manifiesto un desafío creciente para las agencias de inteligencia y policiales, quienes deben navegar en un entorno donde la recopilación de datos de localización y el uso de cámaras de vigilancia son cada vez más comunes. Tal situación ha agregado un nivel de dificultad considerable a sus esfuerzos por proteger a los informantes, quienes juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado y otras amenazas a la seguridad.
La información del informe corresponde a la fecha de su publicación original, el 27 de junio de 2025. A medida que el mundo avanza hacia una mayor conectividad y dependencia de la tecnología, el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección de las libertades individuales se vuelve cada vez más complejo y esencial.
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