La Audiencia de Sevilla ha citado al expresidente de la Junta andaluza José Antonio Griñán y a los otros 14 ex altos cargos condenados en el caso ERE por prevaricación para que comparezcan en su sede el próximo miércoles. El motivo es “el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados” tanto Griñán como su antecesor Manuel Chaves, la exministra y exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y otros 11 exdirigentes del Gobierno autonómico. De momento, las penas por malversación que acarrean cumplimiento de cárcel están pendientes de ser resueltas por los tres jueces de la Sección Primera de la Audiencia sevillana.
A pesar de que todos los condenados están ya retirados de la política desde hace años, el tribunal les notificará pasado mañana que en cumplimiento de la pena de inhabilitación, no podrán volver a ejercer un cargo público durante años. La providencia de la Audiencia aclara que a los nueve condenados a malversación les requerirá la “correspondiente condena en costas” cuando acudan a la cita, el miércoles a las 11 de la mañana. A Griñán, Chaves y Álvarez se suman como condenados por prevaricación el exvicepresidente Gaspar Zarrías y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro, entre otros.
En la audiencia del miércoles con los 15 condenados por prevaricación no habrá debate sobre la malversación y el cumplimiento de penas de cárcel, que discurre en paralelo. Mientras que Anticorrupción reclama al tribunal que Griñán y los otros condenados entren ya en prisión, estos intentan frenarlo. En su último escrito, Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación y a nueve de inhabilitación, reclama que la ejecución de sentencia firme “no debe ser ni inmediata ni automática” y defiende que no es un “político corrupto”.
Además del indulto, los exdirigentes condenados a penas de prisión por la pieza política han pedido el indulto al Gobierno, incidentes de nulidad ante el Supremo y recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
En paralelo, los tres jueces que resuelven sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García, le han reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre los informes médicos aportados por el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá. El objetivo es saber si el ministerio público toma en consideración “el escrito anterior donde se presentaba documentación médica y la historia clínica del mismo”, aportados por Barberá.
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