De un total de 26 detenidos por presunta participación en la masacre de Bavispe, solamente hay cinco imputados por homicidio, mientras que el resto son acusados de delincuencia organizada, sin embargo, ninguno ha sido sentenciado por las autoridades desde el 4 de noviembre de 2019, afirmó Adrián LeBarón.
El activista señaló que, de todos los presuntos culpables, no hay ningún solo sentenciado luego de dos años del multihomicidio de las familias Miller, Langford, Johnson y LeBarón, donde tres madres y seis de sus hijos fueron asesinados por grupos del crimen organizado en su camino entre Bavispe, Sonora, y Janos, Chihuahua.
A esto se añade que fueron alrededor de 100 hombres los que estuvieron implicados en el atentado contra las 17 personas, tres mujeres y 14 menores de edad de la comunidad mormona LeBarón, que el 4 de noviembre de 2019 se vieron afectadas cuando recorrían los caminos de la sierra entre Sonora y Chihuahua.
“Ya fui con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a ver si me podían dar la característica de víctima en esas carpetas de investigación, pero no me dan chance. El 17 de noviembre estaré en el Altiplano porque voy a solicitar para que me dejen coadyuvar en todas las carpetas de investigación, aunque sean imputados por delincuencia organizada. Si no me lo dan voy a meter un juicio de amparo”, dijo Adrián LeBarón en entrevista para El Sol de Hermosillo.
De tal manera, aseveró que continuarán exigiendo que se haga justicia por las víctimas de la matanza en su segundo aniversario, por lo que convocó a la población mexicana a unirse en solidaridad al evento conmemorativo del segundo aniversario luctuoso de su familia, el cual tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, en punto de las 18:00 horas.
“Queremos más que nada hacer visible que no hay acceso a la justicia, como vemos todos los días en México… Mucha gente sabe de este aniversario, lo que queremos es invitar a los municipios a que pongan sus banderas a media asta y que tengan sus facultades como alcaldes por todas esas víctimas que han sido desaparecidas o que sufren de esta violencia. Vamos a encender velas para que avance hasta Sonora y haya solidaridad”, agregó.
Asimismo, aseguró que en compañía de su esposa, Shalom Tucker, buscarán que el 4 de noviembre sea declarado de luto nacional por todas las víctimas de la violencia en México, por lo que se espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome en cuenta esta petición, aunque LeBarón declaró no tener muchas esperanzas al respecto.
“Ya van a ser dos años y siguen las cosas igual, o peor… El ejercicio de la vela es muy importante, que la gente sepa que es en nombre de las víctimas de la masacre de Bavispe, es una vergüenza lo que pasó, por lo que necesitamos alzar la voz y que se haga justicia por este y muchos otros casos que se quedan sin resolver, que no se pierdan, que se recuerden”, confirmó.
Llevarán caso a la corte interamericana
El pasado 25 de mayo del año en curso, la familia LeBarón aseguró que buscará llevar su caso hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, para ello se requiere agotar todas las instancias nacionales en Columna Digital, motivo por el cual también se ha solicitado la intervención de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Además, respecto al asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Cajeme, Adrián LeBarón ha solicitado que se investigue el caso como derivado de las indagaciones de su caso, pues este era abogado de la familia al momento de ser ejecutado.
A esto se añade que durante el 29 de julio, el vocero de la comunidad de mormones reiteró su solicitud ante la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue el caso de la matanza de Bavispe como un atentado terrorista y con ello que se le permita tener acceso a las carpetas de investigación de todos los detenidos por su presunta participación el hecho.
Mientras tanto, el 21 de octubre, el Ayuntamiento de Galeana, municipio donde se localiza la comunidad LeBarón, negó la propuesta que sus representantes habrían enviado a las autoridades locales para obtener autonomía del sistema político mexicano ante su descontento con los resultados del aparato gubernamental mexicano.
En dicha propuesta, los integrantes de la comunidad aseguran que su condición se equipara como un pueblo tribal o grupo indígena, por lo que deberían contar con su propio gobierno, leyes y normas al interior de su comunidad.
Sobre este tema, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que el autogobierno como lo solicitó la comunidad LeBarón es inconstitucional, aunque refrendó su compromiso por garantizar la seguridad e impartir justicia durante su administración.
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