El gerente de Madrid Salud, Antonio Prieto, ha explicado este viernes al juez que parte de la documentación que avalaba las mascarillas de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño no cumplía con la normativa. Según el acta de su declaración, a la que tuvo acceso Columna Digital, el funcionario municipal ha detallado que uno de los certificados que acompañaba a los tapabocas vulneraba la regulación y que, además, comprobaron que existía “una alerta del Ministerio” de Trabajo sobre el mismo. Otra parte de los papeles se encontraba en chino y no se tradujo.
“Lo que se me exigía era que la documentación fuera aceptable y que el vendedor no estuviera prohibido en España”, ha afirmado Prieto al juez instructor Adolfo Carretero, que investiga a Luceño y Medina por estafar presuntamente al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario —mascarillas, guantes y test de coronavirus— durante lo peor de la pandemia. Según la versión del gerente, Madrid Salud nunca dijo que no se usaran las mascarillas porque no podían analizar la calidad de los tapabocas, pero sí que parte de la documentación no cumplía con la normativa. Un informe posterior de la Policía Municipal avaló su utilización. “No sé por qué se encargó el informe a la Policía Municipal. No sé qué cualificación tenía el policía municipal que hizo el informe”, ha añadido Prieto.
Sin embargo, el funcionario ha recalcado al magistrado que, en su opinión, las mascarillas “eran buenas”. “Se distribuyeron a gente del Ayuntamiento. No hubo quejas. Estaban contentos por su adaptación a la cara […] Yo las he utilizado. A mí no se me han roto”, ha apostillado Prieto, médico de familia y especialista en salud pública, que ha comparecido como testigo este viernes. Prieto también ha incidido en que no sabía que este material lo había proporcionado Luceño y Medina: “Estas mascarillas fueron una más […] No conocía a Medina y Luceño. A mí no me llamó nadie por que fueran ellos”.
El caso Medina y Luceño se centra en estos momentos en dos frentes principales: evaluar la calidad del material sanitario proporcionado por los sospechosos e intentar conseguir la declaración de San Chin Choon, el empresario malasio que suministró a los comisionistas los productos que estos vendieron al Ayuntamiento. Esta misma semana, el juez Adolfo Carretero ha instado al asiático a que viaje a España para testificar en la causa. El magistrado ha recibido varios correos electrónicos de un supuesto Choon, donde defiende la tesis de los dos imputados: “La operación es correcta y se hizo sin ninguna irregularidad […] En ningún momento se me comunicó un problema de calidad”, decía el email.
Sin embargo, Mario Tabasco, jefe de Riesgos Labores del Consistorio, declaró el pasado junio que las mascarillas “no cumplían los requisitos de la Unión Europea” y que, además, comprobó que “se rompía con facilidad” la zona de sujeción de las orejas. “No sé si eran válidas o no, simplemente no cumplían requisitos de la UE”, apostilló ante el juez: “La mascarilla no traía una goma. Visualmente, no eran como las mascarillas normales […] El sistema de agarrado en las orejas se desgarraba al separarlo […] Este material venía pegado y había que separarlo, y se rasgaba con facilidad. Se rasgaba lo que se sujetaba en las orejas. Y si se rompía, se tenía que tirar porque la mascarilla no se podía utilizar. Abrí una o dos, y una de ellas se rompió”.
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Profundizar en la “calidad de las mascarillas”
El juez instructor Adolfo Carretero considera “útil” profundizar en la “calidad de las mascarillas” suministradas, aunque la responsable de Compras del Ayuntamiento, Elena Collado, asegurase que eran “válidas”. “Aparte de que Collado no es ninguna experta para determinarlo, existe un correo de Tabasco donde duda de la calidad”. El gerente de Madrid Salud también ha indicado este viernes que detectaron deficiencias en uno de los tres lotes de test de los comisionistas y que, en este caso, sí recomendaron explícitamente que no se usaran. Según su versión, entonces se intentaron devolver, pero no se consiguió y acabaron caducados.
Medina y Luceño permanecen imputados por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios engañaron al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y test. “Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado”, recalcó el instructor en una resolución: “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los tests en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”. La Agencia Tributaria también ha pedido personarse como acusación contra ellos.
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