Cinco años después de la detención del comisario José Manuel Villarejo y del registro de sus propiedades, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha puesto a disposición del juez documentación suficiente para abrir una nueva macrocausa en la que podrían estar implicadas hasta 69 empresas distintas y un volumen de dinero superior a 30 millones de euros.
El instructor del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ha abierto una nueva pieza separada en un sumario que acumula ya más de 30 causas distintas, cinco años de investigación y tan solo un juicio celebrado por tres de esos procesos.
En esta nueva pieza separada, el magistrado ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que investigue si la documentación que han hallado se corresponde con encargos reales de esas empresas privadas a Villarejo, si el comisario cobró y si el dinero ingresado fue declarado a Hacienda por los pagadores. La primera orden judicial reclama información sobre ocho empresas distintas de Villarejo con la que facturaba sus servicios a otras empresas privadas. El juez investiga si el comisario y las empresas que le contrataron cometieron los delitos de cohecho y revelación de secretos.
En el listado que Asuntos Internos ha facilitado al juez con el nombre de las empresas privadas, también figuran los nombres de las personas y sociedades a las que Villarejo espiaba por tratarse de los adversarios de sus clientes.
En el listado, al que ha tenido acceso Columna Digital, figura como investigado Oleguer Pujol Ferrusola —hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol— en 2013, aunque la documentación no detalla quién hizo ese encargo a Villarejo. En aquella fecha, el comisario iba contando a sus interlocutores, entre ellos algunos medios de comunicación, que Oleguer Pujol se había convertido en el casero del grupo PRISA (editor del diario Columna Digital), algo que era falso, pero que El Mundo publicitó ampliamente aquellos días.
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En una de esas conversaciones con periodistas de un grupo de comunicación determinado, Villarejo acusó a PRISA y sus directivos de diversas falsedades: “El miércoles [Juan Luis] Cebrián, lo que pasa es que no me dejaron seguir, está hasta el culo en la operación de la compra de todas las oficinas del Banco Santander y de la propia sede suya por los Pujol. Ahí hay tres sociedades: una de ellas se la lleva el hijo de Javier de la Rosa con uno de los Pujol y el otro es un pago que le hacen al delincuente del Cebrián, porque se lleva una comisión, el cabrón… Lo que pasa es que cuando iba en esa línea, ya sabes cómo son… Hay una señora muy pequeñita que ya… Me mandó el recado de que dejara… Pero eso lo hablamos cuando tú quieras”.
Todo lo publicado por El Mundo resultó falso: Oleguer Pujol Ferrusola no controló nunca la sociedad que compró al grupo PRISA sus inmuebles por 300 millones de euros; ni, por tanto, fue nunca su casero; tampoco acumuló 382 millones de euros de patrimonio ni manejó 2.143 millones de euros con sus negocios.
También figura en el listado, como cliente de Villarejo, Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios acusados de pagar comisiones ilegales a la red Gürtel a cambio de contratos de Gobiernos del PP y que figura entre los donantes a la caja b del partido que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.
Juan Cotino, fallecido en 2020 y que fue un dirigente del PP que ocupó el cargo de director general de la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy y el de presidente del Parlamento valenciano, contrató supuestamente a Villarejo en 2015 por 25.000 euros para “recuperar inversiones en el Banco de Madrid”, según la documentación aportada al juez por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.
En el listado hay constructoras, empresas hoteleras, energéticas, que contrataron a Villarejo o fueron objeto de sus espionajes a través de las empresas privadas con las que hacía negocio mientras seguía siendo Policía Nacional.
Asuntos Internos remitió un escrito al juez el pasado 10 de octubre donde también le da cuenta de diversa documentación requisada a Villarejo sobre comisiones rogatorias relacionadas con el caso Gürtel y otros asuntos que podrían estar afectados por la legislación sobre secretos oficiales.
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