Castigarán hasta 12 años por videovigilancia ilegal

El pasado 3 de julio de 2026, el diputado local del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, presentó una significativa reforma al Código Penal del Estado, enfocándose en la regulación de delitos tecnológicos, un tema de creciente relevancia en la actualidad. Esta iniciativa fue respaldada por los integrantes de la Comisión de Justicia de la 76 Legislatura, marcando un paso importante en la lucha contra la delincuencia organizada.

La reforma, reflejada en el nuevo Artículo 317, establece penas que oscilarán entre dos y ocho años de prisión para quienes, de forma injustificada, vigilen o obtengan información de las actividades de las fuerzas de seguridad con el objetivo de alertar a delincuentes y facilitar su evasión de la justicia. Este marco legal busca desarticular prácticas que han permitido la impunidad y desestabilizado la seguridad de diversas comunidades en el estado.

Uno de los puntos cruciales de esta reforma es la introducción de una agravante tecnológica. En casos donde los infractores utilicen elementos como cámaras de videovigilancia, grabadoras, dispositivos de geolocalización o aplicaciones digitales para seguir los movimientos de las autoridades, la sanción podría incrementarse hasta 12 años de cárcel. Esta medida busca reducir el riesgo de que las organizaciones criminales monitoreen y obstruyan operativos policiales, recuperando así un elemento vital de control en la lucha contra el crimen.

Ocampo destacó la importancia de contar con herramientas jurídicas actualizadas para enfrentar el uso delictivo de la tecnología, subrayando que esta reforma no solo busca sancionar, sino también proteger la integridad de las corporaciones y de las comunidades. En el cuerpo del dictamen, se asegura que actividades como el periodismo, la defensa de derechos humanos o la denuncia ciudadana no serán penalizadas, lo que resalta un enfoque equilibrado en la normativa.

El legislador también enfatizó que la reforma se extiende a la protección de comunidades indígenas y ciudadanas que operan bajo esquemas de autogobierno, señalando que desde el Poder Legislativo se buscan respuestas tangibles a las demandas de las familias michoacanas.

Con esta iniciativa, Michoacán da un paso firme hacia la modernización de su legislación, intentando crear un ambiente más seguro para sus ciudadanos, al mostrar que es posible enfrentar los desafíos actuales con medidas legales concretas y efectivas.

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