La reciente iniciativa enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la Cámara de Diputados ha captado la atención del país. El pasado 26 de septiembre de 2025, esta propuesta fue recibida para ser debatida y se prevé su votación este martes 25 de noviembre. Con un extenso proyecto de dictamen que abarca 829 páginas, la iniciativa plantea un castigo de entre uno y ocho años de prisión para quienes compren, vendan o almacenen cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El objetivo fundamental de esta propuesta es modificar la Ley General de Salud para establecer la prohibición total de estos productos. Además, quienes sean sorprendidos fomentando su uso podrían enfrentarse a multas que oscilan entre cien y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La argumentación detrás de este rigor radica en los riesgos de salud asociados a los vapeadores, que han ganado popularidad entre jóvenes y adultos en los últimos años. Se citan estudios y datos de la Secretaría de Salud que indican que alrededor de medio millón de jóvenes, de 10 a 19 años, ya han utilizado estos dispositivos. Se advierte que pueden provocar enfermedades respiratorias como la EVALI, cáncer y problemas cardiovasculares.
Cabe recordar que, en 2022, se implementó un decreto presidencial que ya prohíbe la comercialización y circulación de estos dispositivos a nivel nacional. La importación ilegal de vapeadores acarrea multas que pueden superar los mil dólares, además de la confiscación de los productos. Por otro lado, el uso de vapeadores en espacios públicos libres de humo de tabaco puede resultar en sanciones de hasta 3 mil pesos mexicanos.
Con el debate en la Cámara de Diputados en curso, los legisladores se enfrentan a la posibilidad de aprobar estas severas sanciones. El castigo propuesto, que podría llegar a alcanzar hasta dos mil veces el UMA, lo que se traduce en aproximadamente 226 mil pesos, señala un esfuerzo adicional para regular el consumo de estas sustancias y fortalecer las medidas que ya están en marcha desde la Secretaría de Salud.
Esta situación resalta una creciente preocupación por la salud pública en México y el aumento de propuestas legislativas que buscan abordar el uso de productos considerados nocivos para la población. Las diversas posturas y la pronta votación marcarán un hito en la regulación de los vapeadores en el país, convirtiéndose en un tema clave para el futuro de la salud pública mexicana.
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